Auditoría del IPS detectó más de 50 casos en esquema que ocultó deudas
Esquema de ocultamiento de deudas de aporte obrero-patronal instalado en el Instituto de Previsión Social (IPS) alteró datos de Registro Único del Contribuyente (RUC) y números de cédula para limpiar el estado de deudas de empresas y personas ante el IPS. Estas operaciones están detrás de un perjuicio patrimonial de G. 7.670 millones.
Según informe de la Auditoría Interna del IPS que data de enero de 2026, y estudia un periodo de enero de 2024 a mayo de 2025, se migraron deudas de empresas morosas por G. 7.670.652.234 millones a empresas ficticias e incluso a personas fallecidas. En primer término la auditoría señala y presenta en una extensa lista de unas 54 empresas y personas vinculadas a las modificaciones realizadas sobre registros de Aporte Obrero Patronal que suman G. 7.224.881.318 en deudas al IPS. Esta lista discrimina el deudor original y el nombre finalmente asignado para ocultar las millonarias deudas. Posteriormente, se comparte también otras operaciones múltiples en otros cinco casos adicionales, elevando el total observado en la investigación a G. 7.670.652.234.
Entre los nombres con mayores montos que pasaron a quedar en cero luego de ser migrados a otros usuarios figuran: Empresa de Transporte Padre Fidel Maíz SRL, con G. 885 millones; Da Vinci SA, con G. 658 millones; Silvero Báez Claudio con G. 552 millones; Paludo SA con G. 500 millones; Campos Ortiz Jaime Blas Narciso con G. 430 millones; Jorge Samudio Ferreira, con G. 426 millones; y Multi-Servicios SA con G. 355 millones.
También aparecen empresas conocidas de distintos sectores económicos, como Milano Internacional SA, Víctor y Romi SRL, Rancho Ysapy SA, Agro Ganadera Monte Alto SA, Makin’g Group SA, Mercado Móvil SRL, Importquartz SA, Osorio Card SA, Carrocería Paraguaya SA (Carpasa), Empresa de Transporte Ñane Reta SA y Tatter SRL.
Y las personas físicas Gladys Leonor Ovelar Gómez de la Fuente, Luciana Arce, Juan Ángel López, Cirila Santander, Édgar Fabián Bogarín Villalba y Gustavo Adolfo Leiva, entre otros (ver info).
El esquema. El modus operandi detectado consistía en modificar datos identificatorios dentro del sistema del IPS denominado Registro Electrónico de Información (REI). Este sistema permite a funcionarios de Aporte Obrero Patronal (AOP) a cambiar los datos de las empresas y personas aportantes. En lugar de eliminar la deuda del balance del IPS, los registros eran alterados de manera que la obligación dejaba de aparecer asociada a la patronal original y pasaba a visualizarse bajo otra identidad.
De esa manera, las empresas beneficiadas por las modificaciones dejaban de exhibir obligaciones pendientes en sus estados de cuenta. La deuda seguía existiendo dentro del sistema, pero aparecía vinculada a otra persona, a un contribuyente ajeno o incluso a registros inexistentes.
Las alteraciones permitían que empresas con importantes obligaciones previsionales aparecieran sin deudas registradas. Esa situación podía facilitar trámites, solicitudes de documentos, participación en licitaciones y otras gestiones que exigen demostrar cumplimiento con el IPS.
La existencia de 54 registros iniciales y cinco casos adicionales muestran además que no se trató de un episodio aislado. Por el contrario, los patrones detectados revelan una práctica repetida que se extendió a múltiples contribuyentes desde el 2010.
Múltiples cambios. La Auditoría discrimina en dos tablas las alteraciones por un lado 54 modificaciones para 52 empresas y personas físicas que son patronales ante el IPS por G. 7.224 millones y por otro cinco casos más por G. 445 millones, esta última partida incluye datos que vienen desde 2010. Entre las cinco patronales figuran con repetidos cambios no autorizados está Laureano Espínola con cambios desde 2014 a 2024 con distintos usuarios de funcionarios del IPS, la deuda para esta patronal es de G.1.117.808. En este grupo está Estudio Libertad SA Consultores y Abogados con 19 cambios irregulares en el 2017, la mora es de G. 50.132.478.
También Antonio Romero Escobar , Hugo Cantero López que suman G. 297.792.736 millones en mora. Finalmente, Héctor Luis Núñez Cabañas con G. 46.755.336; Henririch Giesbretch Kauenhowen y Cristian Eduardo Quintana con G. 49.972.558 en mora. Este grupo con múltiples modificaciones irregulares suman G. 445.770.916 en aportes impagos al IPS. Y sumados a las 54 empresas alcanzan más de 7.600 millones encontrados en la auditoría.
Hallazgos. La Auditoría Interna del IPS encontró el ocultamiento de deudas patronales en un esquema que involucra el cambio de los datos dentro del sistema REI de la previsional.
Las irregularidades detectadas en el sistema de Aporte Obrero Patronal Informe Final AI N° 01/2026 de la Auditoría Interna del IPS identificó a varios usuarios del sistema REI vinculados a las modificaciones irregulares de datos patronales utilizadas para ocultar deudas de Aporte Obrero Patronal. En el informe se identifica a unos 14 funcionarios.
La funcionaria Analía Aide Machuca Caballero, usuaria “anamachu”, concentra la mayor cantidad de cambios detectados, con 55 modificaciones. Otro caso relevante es el de María Lorena González (malgonza), quien denunció el uso indebido de su usuario y contraseña. Asimismo, Renán Leguizamón (rleguiza) mantuvo privilegios de administrador incluso después de solicitar la revocación de sus accesos. También figuran Fidelina Almada Benítez, identificada con el usuario falmada, aparece vinculada a siete cambios; Jazmín Rocío Díaz López (jardiaz), a cuatro. Otros que aparecen son Albert Martínez Romero (amartine), Rodrigo Fabián Zelaya (rzelaya), Lis Mabel Pereira Krissel (Impereir) y Albino Vallejos Gracia (avallejo), Juan Manuel Álvarez (jalvarez), Elizabeth Frey (eligaray), Robert Acosta (rgacosta), Luis Adolfo Bobadilla Colman (labobadi), Liliana Patiño (lpatino) y Osvaldo Bareiro (obareiro).
El informe concluye que los hechos podrían configurar delitos de alteración de datos y sabotaje informático.
En tanto, desde IPS establecieron que no se pueden conectar formalmente el uso de los usuarios con los funcionarios.
Fallecido, “ganadera” y empresa fantasma
Las irregularidades detectadas en el sistema de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) usaron varios mecanismos para tapar a las empresas morosas.
La auditoría interna de IPS y nuevas denuncias revelan que las deudas fueron trasladadas a una empresa fantasma, a una persona fallecida e incluso a una jubilada que terminó figurando como dueña de una supuesta ganadera.
Uno de los casos involucra a Empresa de Transporte SA, una firma que figura como empleador activo ante el IPS desde 1990 pese a que su RUC no existe en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Según la auditoría, esta empresa absorbió una deuda de G. 891 millones que originalmente correspondía a Transporte Padre Fidel Maíz SRL.
Otro caso documentado muestra cómo las obligaciones de una empleadora fueron transferidas a nombre de Tomás Arce Verón, una persona fallecida que, según sus datos de nacimiento, tendría actualmente 117 años. La maniobra permitió que la deudora obtuviera una constancia de no ser empleadora y gestionara un crédito por G. 159 millones.
Por fuera de la auditoría. A estos antecedentes se suma la denuncia de Lucía Ninfa Franco de Gómez, jubilada del IPS, quien descubrió que figura como propietaria de una ganadera con cinco empleados y una deuda superior a G. 290 millones. La mujer asegura que nunca tuvo una empresa ni actividad ganadera. Los tres casos exponen distintas modalidades utilizadas para ocultar deudas dentro del IPS.
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