Cámara de Diputados analiza reestructuración de la feria judicial
Proyecto propone dividir el receso en dos periodos de 15 días durante enero y julio
Análisis de modificación al Código de Organización Judicial
La Cámara de Diputados evalúa un proyecto de ley orientado a reestructurar el sistema de feria judicial en Paraguay. La propuesta contempla modificar el artículo 362 de la Ley n.º 879/1981, Código de Organización Judicial, para reformular el actual esquema de receso.
Según el proyecto, se buscaría reemplazar los 30 días corridos de receso del mes de enero por dos periodos de 15 días cada uno: del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de julio. Esta distribución permitiría una mayor continuidad en el servicio de justicia durante el año.
Proceso de evaluación institucional
Para determinar la viabilidad de la iniciativa, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez, ha solicitado dictámenes técnicos y jurídicos a instituciones clave del sector. Se requirieron informes a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados del Paraguay con el propósito de contar con perspectivas especializadas antes de emitir un análisis definitivo.
Objetivos de la propuesta
La iniciativa legislativa se fundamenta en la necesidad de mejorar la celeridad procesal y modernizar el servicio de justicia en el país. Según la exposición de motivos, el cambio busca conciliar el descanso de magistrados, funcionarios y auxiliares con la garantía de una atención continua, eficiente y oportuna a los litigantes durante todo el año.
Los impulsores del proyecto enfatizan que la medida no reducirá la extensión total de las vacaciones del sector judicial. Destacan que la modificación mantendría la duración total del receso en 30 días, pero distribuida de manera más equilibrada a lo largo del periodo judicial para responder adecuadamente a los requerimientos de la ciudadanía.
Próximas etapas
El proyecto se encuentra actualmente en su fase preliminar de estudio institucional. Una vez que la Corte Suprema de Justicia y los gremios de profesionales del derecho remitan sus posiciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales analizará los argumentos técnicos recibidos. Posteriormente, el texto será sometido a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para su debate y votación.
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