Caso Canela: resolución judicial prioriza vínculo familiar por encima del bienestar de la mascota
La decisión judicial que ordena el retorno de Canela a la familia que la tenía cuando sufrió la explosión que destruyó su mandíbula sigue generando una fuerte reacción ciudadana. Sin embargo, más allá de la resolución en sí, fueron las explicaciones brindadas por la jueza Carmen Román las que encendieron aún más el debate.
Durante una entrevista concedida a Canal 9, la magistrada defendió su decisión argumentando que Canela tiene una familia y que, conforme a su interpretación de la normativa vigente, corresponde que vuelva con ella. “Al contar con una familia es lo que corresponde, que vuelva con la familia”, sostuvo Román.
Las declaraciones provocaron cuestionamientos inmediatos de los conductores del programa, quienes insistieron en un aspecto que para muchos ciudadanos resulta central: las condiciones en las que se encontraba el animal cuando sufrió la gravísima lesión que conmocionó al país.
Canela perdió parte del hocico tras un brutal episodio y desde entonces su recuperación ha dependido de tratamientos veterinarios especializados, cirugías y cuidados permanentes financiados gracias a la movilización de cientos de personas y de la fundación Olfateando Huellas liderada por Diana Camarasa.
Uno de los puntos más criticados de la entrevista fue cuando la jueza afirmó que no corresponde privar a la perra de su familia por una cuestión económica. “No podemos nosotros, porque sea de nivel económico bajo, privarle a Canela de su familia”, expresó.
Ante las consultas sobre si el juzgado verificó la capacidad económica de los propietarios para sostener un tratamiento que requiere importantes recursos mensuales, la magistrada respondió que si los dueños se opusieron a entregar definitivamente al animal, se presume que están en condiciones de hacerse cargo.
Esa explicación fue recibida con incredulidad por parte de los entrevistadores y posteriormente por numerosos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que no se hayan expuesto públicamente evaluaciones concretas sobre las condiciones materiales para garantizar la continuidad del tratamiento.
Otro aspecto que generó controversia fue la explicación sobre las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por Canela. Román sostuvo que el incidente no ocurrió dentro de la vivienda y que los propietarios no fueron quienes protagonizaron directamente el episodio. “Los dueños no fueron los que protagonizaron ese accidente”, afirmó.
Sin embargo, durante la entrevista se le señaló que la vivienda no contaba con un perímetro de protección adecuado para impedir que el animal saliera a la vía pública, situación que para muchos representa precisamente una responsabilidad de sus cuidadores.
Las respuestas de la magistrada fueron interpretadas por numerosos sectores como una priorización del vínculo familiar por encima de las garantías sobre la recuperación y el bienestar futuro del animal.
Mientras continúa la polémica, organizaciones animaleras, ciudadanos y profesionales vinculados a la protección animal mantienen su preocupación por el futuro de Canela, cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la lucha por una mayor protección de los animales en Paraguay.
La discusión ya no gira únicamente en torno al destino de una perra que logró sobrevivir a graves heridas, sino también sobre cuáles deben ser los criterios que prevalezcan cuando la Justicia debe decidir entre la propiedad formal de un animal y las condiciones reales para garantizar su bienestar.
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