Codehupy expresa preocupación sobre proyecto de modificación del Estatuto Agrario

Preocupaciones sobre la propuesta normativa

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) junto con organizaciones campesinas e indígenas expresan inquietud respecto al proyecto de modificación del Estatuto Agrario presentado por el Gobierno, señalando que podría impactar en la gestión de tierras fiscales administradas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

La Codehupy destaca que la reforma agraria constituye un mandato constitucional pendiente de cumplimiento. Conforme a datos presentados, los medianos y grandes productores representan el 7,3% del total de productores pero concentran el 93,7% de las tierras cultivadas, mientras que la agricultura campesina agrupa al 92,7% de los productores y ocupa únicamente el 6,3% de la superficie.

"Esta profunda desigualdad exige fortalecer las políticas de acceso a la tierra y proteger el patrimonio público destinado a la reforma agraria", expresa Codehupy en comunicado.

Aspectos específicos de la propuesta

Las organizaciones identifican tres puntos de preocupación sobre el proyecto. En primer lugar, señalan que la propuesta amplía las facultades de la presidencia del Indert para disponer la venta directa de tierras, concentrando decisiones sobre inmuebles públicos y debilitando los mecanismos de supervisión de la Junta Asesora y de Control de Gestión.

El segundo aspecto se refiere a que la normativa permitiría la venta de tierras a personas que no sean beneficiarias de la reforma agraria, lo que podría desvirtuar el destino de inmuebles públicos destinados a garantizar el acceso a la tierra de las comunidades campesinas.

En tercer lugar, las organizaciones advierten que podría favorecerse una mayor concentración de la tierra al facilitar la acumulación y regularización de ocupaciones de tierras públicas por parte de personas que no reúnen los requisitos establecidos para ser beneficiarias de la reforma agraria.

Solicitudes de las organizaciones

Las organizaciones campesinas e indígenas solicitan que no sean aprobadas estas modificaciones y demandan un debate amplio, público y participativo con todos los sectores involucrados, especialmente las comunidades campesinas e indígenas.

Según los argumentos presentados, de aprobarse estas disposiciones sin las debidas salvaguardas, el Estado podría desprenderse de tierras destinadas a la reforma agraria, reduciendo la disponibilidad de este patrimonio público para los sujetos de la reforma agraria establecidos por la legislación: las comunidades indígenas y campesinas que históricamente aguardan acceder a ellas.