Comenzó el juicio oral del ex intendente Miguel Prieto en el caso Tía Chela
El Tribunal de Sentencia –integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Yolanda Portillo– dio inicio al juicio contra Miguel Prieto y otras diez personas más en el caso conocido como Tía Chela.
El juzgamiento, transmitido a través del canal de YouTube del Poder Judicial, comenzó a las 08:00 y ya la Fiscalía inició con sus incidentes de inclusión de cuatro pruebas.
Los fiscales Silvio Corbeta y María Verónica Valdez solicitaron incorporar una nota del 28 de marzo de 2020, donde la empresa Tía Chela comunicó a la Municipalidad de Ciudad del Este que cambiaba las marcas de fideos, arroz y azúcar, supuestamente por falta de stock.
También informes solicitados a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que había realizado un sumario y concluyó que la licitación con la empresa tenía inconsistencias, además de documentos solicitados a la Contraloría y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), respecto a la nota inicial.
Los fiscales pidieron que declare el titular de la DNCP, Agustín Encina, sobre el cambio de marcas ejecutado durante el contrato.
Durante sus incidentes, la Fiscalía reiteró que el ex intendente Miguel Prieto favoreció con el contrato a la empresa Tía Chela.
El juicio oral contra Miguel Prieto.
Los primeros que hablaron fueron los abogados del ex jefe comunal, Gilda Portillo, Derlis Martínez y Guillermo Ferreiro.
Martínez solicitó la inclusión probatoria de evidencias, lo que ya se había solicitado en la audiencia preliminar y que fue rechazado por el juez de Garantías.
Por un lado se trata de las publicaciones de medios de comunicación y, por otro, pidió incluir a testigos nuevos y otros, que ya el juez había rechazado.
“Necesitamos incluir a estas personas; es nuestro derecho”, expresó el abogado, al momento de decir que pidió que se aceptara a 56 testigos, para así llegar a las 150 personas que declaren en el juicio.
Mencionó que se trata de quienes fueron recibiendo los kits de alimentos en los diferentes barrios en plena pandemia.
Según el abogado, así pretenden demostrar que cada canasta familiar se entregó y criticó a la Fiscalía, que “no va a traer a un solo proveedor, a ninguna persona, solo documentos”.
El juicio continúa esta tarde, a las 13:00.
Los fiscales acusaron al ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y a otras diez personas por los supuestos desvíos a través de cestas básicas de alimentos para personas de escasos recursos en plena pandemia. Se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a G. 2.130.036.160.
Miguel Prieto, ex intendente.
La acusación habla de una serie de irregularidades que se habrían cometido en la contratación a la empresa Tía Chela SRL.
Se menciona que se creó todo un esquema y que se desembolsó la suma total de G. 2.949.650.000, pero que de eso solo se usó un 28% y el 72% (el monto del perjuicio) se habría desviado. Entonces se tiene que fue una compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas.
Según el Ministerio Público, entre marzo y julio del 2020, el jefe comunal encabezó una red integrada por funcionarios a su cargo.
Se hizo una licitación por vía de la excepción, donde supuestamente direccionaron la adjudicación a la firma, la cual no tenía la capacidad para cubrir la demanda.
Supuestamente, este esquema, aparte del intendente, estuvo integrado por los funcionarios Maggi Fariña, Sebastián Martínez, Francisco Arrúa, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, José Cáceres y Julián Benítez, todos con un rol para ocasionar un perjuicio.
Los vinculados están acusados por lesión de confianza y asociación criminal.
A partir de marzo del 2020, los funcionarios habrían participado en todo el procedimiento administrativo relativo a la elaboración de memos y dictámenes que habilitaban el procedimiento de contratación por la vía de la emergencia, las convocatorias, invitaciones, evaluación de ofertas y la contratación.
“Se encargaron de todo el procedimiento de pago a la firma y dejaron constancia de la recepción de mercaderías que no fueron proveídas”, dice la acusación.
Luego, para cubrir esa ausencia de mercaderías, también terceros habrían sido incluidos en el esquema, “construyendo cadenas de compraventa ficticias por al menos G. 692.155.023 de la totalidad del perjuicio detectado”.
Si bien Tía Chela SRL habría facilitado su estructura y esquema jurídico al intendente, también lo habría hecho la empresa Vanemi SA, firma de la actual asesora jurídica de la Municipalidad, Emili Florentín, “todo, para intentar encubrir la falta de una contraprestación real”.
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