Diputados aprueba en primera instancia regulación para vehículos blindados

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley "Que establece estándares y regula el blindaje balístico para vehículos de uso especial". La iniciativa tiene por objeto establecer los estándares y requisitos técnicos basados en normas internacionales para la fabricación, importación, comercialización, instalación, certificación y verificación del blindaje balístico de vehículos destinados a la seguridad pública, seguridad privada, transporte de valores y traslado de personas de alta peligrosidad en el territorio nacional.

Recursos para implementación

El diputado Pedro Ortiz, uno de los proyectistas, explicó que el artículo 15 contempla la asignación de recursos económicos para la implementación de la norma en zonas de mayor peligrosidad y vulnerabilidad, especialmente en áreas de frontera, conforme a criterios técnicos de seguridad y niveles de riesgo. Añadió que estos fondos podrán complementarse con aportes de la cooperación internacional.

La propuesta busca regular un sector considerado crítico para la seguridad pública, estableciendo requisitos técnicos obligatorios para la fabricación, instalación y certificación de blindajes en vehículos utilizados por fuerzas de seguridad, empresas de transporte de valores y personas en situación de riesgo.

Necesidad de regulación

En la exposición de motivos, los proyectistas destacan que la seguridad de las personas es un pilar esencial del Estado de derecho, particularmente en contextos de alta peligrosidad. La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná) señaló la existencia de un vacío regulatorio en materia de estandarización y certificación, lo que ha propiciado un mercado sin controles uniformes y la proliferación de blindajes artesanales que no cumplen con estándares internacionales.

Esta situación genera una falsa sensación de seguridad, compromete la vida humana, debilita la operatividad institucional y fomenta la competencia desleal, según indicó la legisladora.

Estándares internacionales

Para revertir este escenario, el proyecto incorpora normas internacionales como las del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ), la Asociación Alemana de Acreditación de Vehículos de Protección (VPAM) y los estándares europeos EN 1063 y EN 1522/1523, que permiten clasificar los niveles de protección ante distintos calibres y tipos de ataque.

Se designa al Ministerio del Interior como autoridad de aplicación, con facultades para crear un registro nacional de vehículos blindados, fiscalizar talleres y empresas instaladoras, y supervisar el cumplimiento de los estándares técnicos.

Certificación obligatoria

La normativa establece que todo vehículo blindado deberá contar con certificación emitida por laboratorios acreditados, que avale su nivel de protección. Se prohíbe expresamente la comercialización, instalación y uso de blindajes sin la habilitación correspondiente.

La ley será aplicable tanto a instituciones públicas (nacionales, departamentales y municipales) como a empresas de seguridad privada, transporte de caudales y personas particulares que utilicen estos sistemas. Todo vehículo blindado deberá contar con una certificación oficial y una placa de identificación inviolable que indique su nivel de protección.

Régimen de sanciones

En cuanto al régimen sancionatorio, la normativa prevé multas, clausuras, revocación de licencias, incautación de vehículos y cancelación de registros para quienes incumplan las disposiciones establecidas.

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite constitucional correspondiente.