Diputados postergan tratamiento de proyecto sobre contrataciones en el Estado

Proyecto de restricción de contrataciones

Durante la sesión de la Cámara Baja, el diputado Rubén Rubin defendió su proyecto que busca suspender la contratación innecesaria o la no creación de nuevos cargos por espacio de 24 meses. Al anticipar que la propuesta sufriría un revés, solicitó la postergación del tratamiento.

La sesión se dedicó entonces a discutir por cuántos días se postergaría el análisis del documento. El proyectista solicitó 15 días, mientras que el oficialismo propuso ampliar el plazo a 30 días.

Levantamiento de sesión por falta de cuórum

Durante esta discusión, el titular de la Cámara, Raúl Latorre, pasó lista y constató la falta de cuórum, por lo que procedió a levantar la sesión. El documento quedó sin tratamiento y ahora corresponde a la Mesa Directiva resolver si volverá a considerarse en 15 días, teniendo en cuenta que la próxima semana no habrá sesiones. También podría optarse por postergar permanentemente la propuesta.

Objetivos del proyecto

Rubén Rubin expresó la necesidad de contar con herramientas que promuevan el ahorro estatal, considerando la suspensión de contratos como una alternativa viable. El legislador indicó que este tema también será abordado durante la discusión del Presupuesto General de la Nación.

Según la propuesta, se busca que únicamente las contrataciones indispensables tengan cabida, excluyendo aquellas que funcionan como cupos políticos. Las excepciones corresponderían a educación, personal de salud y seguridad.

El diputado estimó que aproximadamente uno de cada tres funcionarios que ingresan al Estado lo hacen de manera innecesaria para integrar la clientela política. Señaló que alrededor de 10.000 puestos quedan vacantes anualmente.

Mecanismo propuesto

El legislador propone que cuando se produzca una vacancia en cargos administrativos considerados no esenciales, esta no sea cubierta. De esta manera, plantea reducir progresivamente la cantidad de funcionarios sin recurrir a despidos.

De acuerdo con sus cálculos, en los últimos dos años se registraron 18.486 vacancias en el sector público, que representaron un gasto de G. 87.852.186.045. Rubin estima que con la aplicación de su propuesta se lograría un ahorro de aproximadamente G. 47.000 millones, recursos que deberían redireccionarse a educación, salud y seguridad.

Posiciones en debate

El proyecto enfrentó la oposición del diputado colorado oficialista Alejandro Aguilera, quien argumentó que la medida podría comprometer las contrataciones de carácter esencial y calificó la propuesta como populista. Aguilera señaló que entre 8.000 y 9.000 personas ingresan anualmente al sector público, y un recorte significativo podría afectar los servicios de seguridad, educación y salud.

Por su parte, el diputado Antonio Buzarquis planteó la necesidad de analizar distintas categorías de funcionarios caso por caso, considerando aquellos jubilados, en vías de jubilación y las desigualdades en los niveles salariales.

El diputado oficialista Hugo Meza negó que el Estado esté excesivamente cargado de funcionarios, afirmando que en la región el Estado paraguayo presenta una de las menores cargas en materia de contrataciones.