El carnaval que pagamos todos

Lo primero que hay que dejar en claro con ambos socios condóminos, tanto el Brasil como la Argentina, es que Itaipú y Yacyretá son empresas públicas. El verso de la binacionalidad ha sido la excusa utilizada por los bucaneros en funciones para evitar cualquier tipo de control colectivo sobre el manejo de sus cuantiosos recursos. No importa toda la pirueta jurídica que ensayen, los hechos son irrefutables. Las hidroeléctricas se construyeron en territorios públicos, con préstamos avalados por los Estados, y hacen uso de la energía hidráulica de las aguas de ríos que si algún propietario tiene, esos son nuestros pueblos.

La ficción jurídica de la binacionalidad no otorga confidencialidad ni discrecionalidad. Cada gasto, por mínimo que sea, tiene que estar registrado y disponible para cualquier paraguayo, argentino y brasileño que quiera fiscalizarlo. Ninguna contratación es admisible sin concursos administrados por los Estados; no por un directorio coyuntural, integrado, las más de las veces, por meros operadores políticos, un colegiado que no representa a los verdaderos propietarios de cada entidad.

No hay una “realidad binacional” ajena a la “realidad nacional” de los países y sus pueblos propietarios de las hidroeléctricas. Ninguna multinacional contrata a la hija de un operador político, sin formación académica, para realizar una tarea innecesaria, pagándole alrededor de diez mil dólares mensuales. No hay empresas en São Paulo o Buenos Aires que le paguen 20 mil dólares a un ingeniero comercial –que cursó la carrera en una anodina universidad privada– para ponerlo al frente de una compañía de miles de millones de dólares.

Itaipú y Yacyretá se han convertido en una burbuja de fantasía en la que las sucesivas administraciones colocaron a sus amigos, parientes y operadores con salarios y beneficios que no se pagan en Dubái ni en gigantes tecnológicas como Nvidia o Meta; una suerte de Disneylandia desde donde aseguran a sus padrinos la administración discrecional de los recursos al margen del presupuesto del Estado.

Es el sueño dorado de cualquier Gobierno. Un Estado dentro del Estado que decide cómo gastar el dinero con un directorio nombrado por el mismo gobernante de turno. No hay que lidiar con un Congreso variopinto ni con la Contraloría ni con cualquier organización ciudadana que se ponga quisquillosa con los gastos. Un Directorio que aprueba desde la financiación de arbolitos de Navidad hasta la adquisición de bocaditos de oro, sin temor a que después le pidan explicaciones. Una caja segura para financiar campañas electorales y asegurar el futuro financiero de unos pocos los que se hayan mantenido fieles.

Es absolutamente falso que esto sea inamovible. Estamos en una coyuntura en la que ambas hidroeléctricas se encuentran en un momento de cambio necesario. En Itaipú ya comenzaron las discusiones para renegociar el tratado. En Yacyretá, la crisis financiera obliga a replantearse por completo su funcionamiento. La entidad está financieramente quebrada. La deuda (la mayor parte espuria) supera el valor actual de la hidroeléctrica.

En ambos casos nos encontramos ante la oportunidad histórica de corregir los onerosos entuertos del pasado. Es muy simple, todo gasto y toda contratación que se realice en el margen paraguayo se debe hacer a través de los mecanismos establecidos en nuestras leyes para cualquier dependencia pública, incluyendo nombramientos, ascensos, compras, alquileres e inversión. Hasta hoy los piratas beneficiarios del modelo esgrimieron en su defensa que sus privilegios los han estado pagando mayormente los brasileños y argentinos porque ellos consumían el grueso de la energía vendida. Esto está cambiando aceleradamente. Pronto consumiremos el ciento por cien de lo que nos corresponde, lo que significa que nos cargaran la totalidad del costo de este carnaval en las facturas de luz. ¿Seguiremos financiando la fiesta de estos delincuentes y sus murgas?