El caso de comisarías de Rafael Filizzola vuelve a la Corte Suprema

El pasado 11 de junio, la Corte había destrabado el caso de comisarías y lo remitió al Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala. Sin embargo, ahora, la camarista Adriana Giagni, impugnó la inhibición de su colega Camilo Torres, con lo que el caso volvió a la Sala Penal.

En el caso, el 6 de mayo del 2025, el juez Yoan Paul López había declarado la prescripción de la causa y sobreseído definitivamente a Rafael Filizzola, por lo que la fiscala Silvia González había planteado recurso de apelación en la causa.

No obstante, la defensa recusó a los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, por lo que los mismos se separaron de entender en la causa.

Ante esto, el caso pasó al Tribunal de Apelación Primera Sala, donde se inhibió el camarista Camilo Torres, mientras que su colega Paublino Escobar remitió el expediente a la Corte para que definiera qué Tribunal debía estudiar el caso.

Después, el 11 de junio, los ministros Carolina Llanes, Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia, habían dispuesto que el caso sea atendido por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, con lo que envió el expediente a esa instancia.

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El citado Tribunal está integrado por los camaristas Paublino Escobar, Jesús Riera y Camilo Torres, pero este último se inhibió por amistad con Rafael Filizzola, por lo que se excusó de entender en la causa.

Después, la camarista Adriana Giagni imputó la inhibición con el argumento de que la causal señalada “requiere una relación de amistad que además se manifieste por “gran familiaridad” o “frecuencia de trato” y ninguno de estos presupuestos, requeridos para que prospere la separación de un juez, han sido afirmados, ni justificados y menos aún avalados con algún medio de prueba”.

Con ello, remitió nuevamente a la Sala Penal el caso para que sea estudiado y decida qué camarista debe ser el que estudie la cuestión.

En el caso, la Fiscalía acusó a Filizzola de las supuestas irregularidades en la adecuación edilicia de 24 comisarías del Área Metropolitana de la Policía Nacional, mediante la firma de resolución 449 del 15 de octubre de 2010. Con ello, se habría causado un supuesto perjuicio patrimonial de G. 400 millones.

Según la resolución del magistrado, los hechos ya prescribieron por el trascurso del tiempo.