Experto sostiene que ANDE no puede ser obligada a subsidiar industrias

Límites legales y financieros de la estatal

La situación financiera de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las presiones políticas para otorgar beneficios tarifarios a inversionistas extranjeros continúan generando debate especializado. Ángel María Recalde, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), subrayó que la institución eléctrica carece de obligación y capacidad legal y financiera para ceder ante exigencias que comprometan su carta orgánica.

Recalde señaló que, si bien es comprensible que se ejerzan presiones sobre la empresa, existen límites claros para la presidencia de la estatal. El ex funcionario advirtió que el titular de la ANDE, como máxima autoridad, no puede ignorar el marco legal que rige a la entidad.

Si ese arreglo lo lleva a ir contra de su Carta Orgánica que es la Ley 966/64, eso evidentemente va a ser responsabilidad del presidente de la ANDE

Marco normativo como requisito

El ingeniero Recalde enfatizó que si existe voluntad política de otorgar condiciones especiales, el camino no puede ser la imposición administrativa, sino la creación de un marco normativo claro. Esta posición coincide con declaraciones públicas del ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE.

De acuerdo con el ex funcionario de la EBY, si se busca una exoneración o un subsidio tarifario, debe aprobarse por ley. De lo contrario, se estaría infringiendo la normativa vigente. Insistió en que para no vulnerar la Carta Orgánica sería necesario contar con autorización mediante otra ley que proteja la decisión de las autoridades de la empresa estatal.

Aspectos técnicos y económicos

Más allá de consideraciones jurídicas, Recalde cuestionó la viabilidad económica de congelar tarifas a largo plazo. El especialista señaló que esta estrategia representa un error técnico y económico frente a la realidad del sector energético.

Respecto a la posibilidad de convenios con períodos de 10 o 15 años y precios fijos, Recalde advirtió sobre su insostenibilidad económica. El especialista argumentó que el costo promedio de generación futura será superior al actual y que para garantizar energía firme y evitar la intermitencia se requieren inversiones adicionales en infraestructura como baterías, lo que elevaría significativamente los costos operativos.