Hermano de apoderado de la ANR se postuló para contralor general

El abogado y contador Gerardo Manuel González Báez es el quinto postulante a contralor general de la República.

Se trata del hermano del apoderado y mano derecha de Horacio Cartes en la ANR, Eduardo González, quien a su vez es asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El postulante es síndico titular de Ferrocarriles del Paraguay SA, donde percibe un salario mensual de G. 16.144.050.

Hasta el año 2021, fue apoderado del Partido Colorado y para las elecciones del 2023 fue asignado como subadministrador de campaña electoral para las elecciones generales, donde la ANR administró la suma de G. 40.000 millones.

Gerardo González Báez ejerce la defensa de la ex actuaria Gloria Isabel Morínigo Gill, acusada en la causa conocida como mafia de los pagarés. Su defendida fue imputada por uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos contenido falso y prevaricato.

González promovió una recusación contra el juez Rodrigo Estigarribia durante la audiencia preliminar realizada en febrero; sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó el planteamiento. A inicios de junio anunció la solicitud del procedimiento abreviado durante la audiencia preliminar.

Según los registros, González Báez también se ha desempeñado como directivo de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes (AIE), ya que también es músico.

Destaque. La candidatura de González Báez adquiere especial notoriedad debido a sus vínculos con el Partido Colorado y con el entorno político del ex presidente Horacio Cartes al ser hermano de Eduardo González, actual apoderado general de la ANR, considerado uno de los hombres de confianza de Cartes dentro de la estructura partidaria, ya que también forma parte del comando de Honor Colorado junto a Juan Carlos Galaverna, Silvio Ovelar, Juan Carlos Baruja, Raúl Latorre, Antonio Barrios, entre otros.

Llamado. La Cámara de Senadores abrió el pasado 14 de junio el periodo de postulación para los interesados en ocupar el cargo de contralor general de la República, en reemplazo de Camilo Benítez, cuyo mandato concluye el 1 de noviembre.

El Senado será el encargado de conformar una terna de candidatos, mientras que la designación final corresponderá a la Cámara de Diputados. El mismo proceso se aplicará para la elección del subcontralor general.

Los postulantes deben reunir los requisitos constitucionales para el cargo: ser paraguayos naturales, tener al menos 30 años de edad y poseer título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o Contables, debidamente visado por las autoridades competentes.

Una vez concluido el periodo de recepción de candidaturas, la Secretaría General del Senado remitirá la nómina de aspirantes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Esta instancia tendrá a su cargo la realización de audiencias públicas para analizar los antecedentes, la trayectoria profesional y las propuestas de cada postulante.

Posteriormente, la comisión elevará un dictamen al pleno de la Cámara de Senadores, que deberá seleccionar y aprobar la terna de candidatos.

Con la apertura del proceso para elegir a las nuevas autoridades de la Contraloría, el primero en inscribirse fue Óscar Enrique Rolón, doctor en Economía y máster en Auditoría y Control de Gestión, con trayectoria en auditorías financieras y peritajes judiciales. Posteriormente se sumaron Édgar Hernán Sosa, abogado de Ciudad del Este con casi tres décadas de ejercicio profesional, y Rubén Darío Robadín, licenciado en Administración de Empresas, docente universitario y consultor, quien además presentó su candidatura para el cargo de subcontralor.

A estos nombres se agregó Roberto Riveros Florentín, abogado, escribano y notario. Su postulación llamó la atención debido a sus antecedentes en la función pública. Riveros se desempeñó como director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este entre 2022 y 2023, cargo del que fue apartado luego de que una requisa revelara la existencia de unas 3.500 bebidas alcohólicas almacenadas en sectores ocupados por miembros del grupo criminal PCC dentro del penal.

El último en inscribirse fue el abogado y contador Gerardo González Báez, hermano del apoderado de la ANR, Eduardo González.