IPS amplía contrato con empresa auditada por un trabajo fantasma

El Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó la elaboración y suscripción de una adenda al Contrato Nº 067/2025 con el Consorcio OMEC para extender el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas del Hospital Central. La ampliación contempla G. 125 millones adicionales y la prórroga de la vigencia contractual hasta el 31 de diciembre de 2026.

OMEC fue auditado por otro contrato de mantenimiento de calderas, había percibido pagos por el mantenimiento de una caldera descompuesta, pero no se demostró que hayan realizado el trabajo.

El contrato, derivado de la Licitación Pública Nacional Nº 100/2024, ID Nº 447909, tiene como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda, de generadores, transformadores, puestos de distribución y sistemas de emergencia del Hospital Central. El monto original adjudicado para el Lote 1 asciende a G. 1.250 millones. Con la adenda de G. 125 millones, equivalente al 10% del monto inicial.

De acuerdo con la justificación técnica de la ampliación, el incidente térmico registrado en el puesto de distribución eléctrica, ocasionó una degradación irreversible de los conductores y provocó la interrupción del suministro de energía. La situación puso en riesgo la continuidad operativa de equipos médicos y servicios esenciales del hospital, entre ellos Urgencias Pediátricas, la Unidad de Emergencias Médicas de Adultos (UEMA), Hemato-Oncología, Cirugía Endovascular, Radiología, Hospital Día y el Centro de Diagnóstico por Imágenes.

Trabajos cuestionados. Según el Informe Final de Auditoría Interna Nº 30/2026, sobre el contrato de mantenimiento de calderas del Hospital Central, el IPS pagó G. 65.314.000 por servicios certificados el 23 de enero de 2026, mediante el Acta de Conformidad Nº 100418/2026.

El desembolso se realizó el 19 de marzo, pese a que parte de los trabajos preventivos incluidos correspondía a una caldera que se encontraba fuera de servicio y sometida a mantenimiento correctivo.

Dentro de esa certificación figuraban G. 51.760.000 por dos unidades de mantenimiento preventivo de calderas eléctricas, a razón de G. 25.880.000 cada una. Sin embargo, la auditoría señaló que no encontró documentación que acreditara la ejecución efectiva de las tareas cuestionadas en la Caldera Nº 2.

Otro hallazgo involucró G. 9.367.000 certificados por la provisión e instalación de un controlador de caldera y un terminal de operación. Durante inspecciones realizadas el 4 y 6 de agosto de 2026, los auditores encontraron ambos componentes guardados en un cajón, sin instalar, lo que puso en duda la conformidad otorgada por esos trabajos.

El informe también detectó diferencias en la certificación del mantenimiento del sistema de aire comprimido: se registraban dos unidades mensuales por G. 14.484.000, cuando el pliego establecía una sola por G. 7.242.000.

La diferencia observada es de G. 7.242.000 por cada mes en que se haya aplicado ese esquema, aunque el monto acumulado debe verificarse.

Al cierre de la auditoría, el IPS había emitido siete certificaciones por un total de G. 1.660.330.000, correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Los pagos registrados en el sistema SAP FI sumaban G. 138.313.000.

La Dirección de Mantenimiento presentó descargos vinculados con diferencias temporales, continuidad operativa y coexistencia de trabajos preventivos y correctivos. No obstante, Auditoría Interna desestimó las explicaciones relativas a tareas cuya ejecución no pudo verificarse físicamente y ratificó los hallazgos en el informe final, aprobado el 7 de setiembre de 2026.

Ante las observaciones, la auditoría recomendó remitir los antecedentes a la Dirección Jurídica del IPS para evaluar las eventuales responsabilidades y determinar las medidas contractuales o legales que correspondan.

En la misma sesión, se suspendió otra licitación donde el Consorcio OMEC fue adjudicado para el traslado de líneas eléctricas. El proceso fue cuestionado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por elegir la oferta más cara.