IPS calcula impacto económico de G. 1,14 billones por caso de navegantes marítimos
Informe actuarial analiza costo de eliminar tope jubilatorio para grupo de asegurados
Estimación de impacto económico
El Instituto de Previsión Social (IPS) elaboró una actualización del informe técnico actuarial que estima el impacto económico en aproximadamente G. 1,14 billones por la eventual eliminación del tope máximo del haber jubilatorio para el grupo de navegantes marítimos.
El documento analiza la situación derivada de un caso promovido por 129 asegurados de la actividad de navegantes marítimos, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió el caso mediante el Acuerdo y Sentencia N° 1917 del 22 de diciembre de 2016. La ejecución de dicho fallo obliga al IPS a reconocer haberes jubilatorios sin aplicación del tope legal.
Metodología del análisis
Para realizar la estimación, la Asesoría Actuarial del IPS utilizó información de 55 asegurados con historia laboral completa, considerada representativa para los cálculos. El análisis incorporó componentes estadísticos, financieros y actuariales.
Para este grupo, el IPS estima un costo total de G. 486.512.238.765, compuesto por obligaciones retroactivas y compromisos futuros.
Componentes del costo calculado
El componente financiero, correspondiente a los pagos retroactivos necesarios para regularizar los haberes jubilatorios, fue calculado en G. 163.502.047.865, con un promedio de aproximadamente G. 2.973 millones por persona.
A este monto se suman G. 323.010.190.900 correspondientes al valor presente de los compromisos futuros derivados del reconocimiento de la diferencia entre los salarios considerados para el cálculo y los haberes jubilatorios. El promedio estimado en este componente es de aproximadamente G. 5.873 millones por persona.
El informe aclara que el monto retroactivo no contempla los pagos periódicos que los beneficiarios continuarían percibiendo en el futuro, por lo que el impacto económico asociado a la aplicación del fallo es superior al costo de regularización de los haberes atrasados.
Extrapolación de resultados
Al extrapolar el costo obtenido para los 55 asegurados al universo de 129 demandantes, el informe proyecta un impacto de aproximadamente G. 1,14 billones. La propia Asesoría Actuarial precisa que se trata de una extrapolación simple y no de una cuantificación individualizada, por lo que la cifra debe interpretarse como una aproximación de la magnitud del impacto económico.
Posibles extensiones del criterio judicial
El informe señala que una eventual extensión del criterio judicial podría involucrar a otros grupos, entre ellos jubilados que ya tenían haberes superiores al máximo legal al momento de acogerse al beneficio, así como cotizantes activos de navegantes marítimos y de otras actividades cuyos salarios de cotización superen el tope de beneficio.
No obstante, la Asesoría Actuarial indica que no puede cuantificar con precisión ese universo potencial debido a que el IPS no dispone de historias laborales completas, particularmente por la falta de digitalización de las cotizaciones anteriores al año 2000. El informe plantea la digitalización retroactiva de esos registros como una medida necesaria para dimensionar el riesgo.
Perspectiva de la defensa
El abogado Raúl Mongelós, quien representa a los afectados, expresó que es positivo que el IPS se plantee seriamente cumplir con sus obligaciones legales. Según señaló, el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse porque no existen argumentos para dejar de cumplir una resolución de ese órgano.
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