Juventud, trabajo decente, cultura y compromiso con las nuevas generaciones

Situación educativa y laboral de la juventud

En el ámbito educativo, aproximadamente 6 de cada 10 jóvenes no asisten a instituciones de enseñanza formal, cifra que alcanza casi 9 de cada 10 en el grupo de 25 a 29 años. En un contexto tan exigente, estas cifras evidencian el compromiso que el país debe asumir para dotar a estas poblaciones de las capacidades necesarias. El 16% de la juventud no estudia ni trabaja en el mercado laboral, encontrándose excluida de los principales ámbitos en los que se desenvuelve este grupo etario.

Obstáculos económicos y cargas familiares

Los obstáculos económicos —la necesidad de generar ingresos para el hogar— constituyen la causa principal de inasistencia, acompañados por las cargas familiares y de cuidado no remunerado que afectan desproporcionadamente a las mujeres.

Desafíos en el mercado laboral

Desde la perspectiva del análisis económico, la principal dificultad que enfrenta la juventud en Paraguay es la alta precariedad laboral. Las consecuencias de la exclusión escolar se trasladan directamente al mercado de trabajo. El 80,2% de la juventud ocupada no realiza aportes a un sistema de jubilación y el 57,8% de los asalariados trabaja bajo contratos verbales. La desocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo afectan particularmente a las mujeres jóvenes.

Políticas públicas necesarias

Ante esta situación, las políticas públicas enfrentan el desafío de reestructurar un gasto público social en juventud insuficiente. Es prioritario aumentar la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos, universalizar la educación media, fortalecer el sistema de protección social e implementar una política de cuidados que redistribuya las cargas domésticas para facilitar la reinserción educativa y laboral de las mujeres. Asimismo, es necesario adaptar el sistema de seguridad social contributiva para permitir la movilidad ocupacional y la portabilidad de los aportes.

Rol del sector privado

El sector privado debe asumir un rol estratégico para resolver la desconexión existente entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral. Las empresas pueden acelerar la formalización mediante contratos de aprendizaje, la articulación de pasantías remuneradas e inversiones en competencias duras y blandas. Las universidades y los institutos de formación superior deben comprometerse con la provisión de formación de calidad.

Cumplimiento normativo laboral

Un principio fundamental es el apego a las leyes laborales. Miles de jóvenes trabajan de manera precaria por fuera de las normas obligatorias, iniciando trayectorias laborales que les afectarán durante toda su vida profesional.

Juventud como agentes de transformación

Para construir una sociedad verdaderamente democrática y cohesionada es imprescindible ir más allá de considerar que la juventud tiene como único potencial su capacidad para integrarse al mercado laboral o incrementar el producto interno bruto. Esta perspectiva ignora su potencial como agentes creativos, críticos y transformadores en el presente. Reconocer su protagonismo implica escucharlos como ciudadanos plenos con derecho a participar activamente en las decisiones políticas, sociales y colectivas que moldean sus vidas y entornos.

Políticas culturales y deportivas integrales

Esta transformación conceptual exige el desarrollo de políticas públicas integrales que trasciendan la lógica puramente económica. Se requieren políticas culturales y deportivas que no se conciban únicamente como entretenimiento o consumo comercial, sino como plataformas de desarrollo humano, identidad y reconstrucción del tejido social. Garantizar el acceso a la cultura, la expresión artística y el deporte integra a los jóvenes en espacios comunitarios para la convivencia, la salud mental y la pertenencia, fortaleciendo su autonomía y permitiéndoles desplegar su potencial.

Articulación de esfuerzos

No debe perderse esta ventana de oportunidad que representa la población juvenil de entre 15 y 29 años si no se abordan con urgencia las brechas estructurales, la inversión pública y el aporte del sector privado. Es fundamental articular esfuerzos entre el Estado, las empresas y la sociedad civil para garantizar educación pertinente y oportunidades de desarrollo integral para las nuevas generaciones.