La tormenta perfecta
Y es que la entidad bancaria se jactaba justamente de que 2 de cada 3 paraguayos eran sus clientes, lo que evidentemente agrava la crisis, por la cantidad de afectados por la vorágine que se creó. Esa gente, de la noche a la mañana quedó con dinero congelado. Ni siquiera pudo entrar a la aplicación para retirar sus ahorros.
La cuestión fue más allá. Uno de los principales perjudicados es el Instituto de Previsión Social (IPS), ya que tiene ahí más de USD 300 millones. A eso se suman entidades binacionales, instituciones públicas y privadas, incluso otros bancos, todos con miles de millones invertidos en certificados de depósitos de ahorros en esa empresa bancaria.
Todo esto nos hizo rememorar a los que tenemos más edad, la crisis financiera del 96, cuando fueron cayendo varias instituciones bancarias, lo que dejó miles de víctimas. Incluso, varias de ellas fallecieron por el estrés que les produjo perder sus ahorros de toda la vida.
En el caso de ueno bank, el BCP dice que puede devolver el dinero al 97% de los ahorristas con el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene un tope de G. 228.300.000 por persona, en un plazo de 15 días. En el Parlamento, mientras escribía estas líneas, estudiaban acortar ese lapso a 72 horas, con un tope menor.
Esto nos da un panorama de que la mayoría de los clientes cuyos fondos quedaron congelados, son la gente que utiliza sus fondos para el día a día, pequeños ahorristas, microempresarios, entre otros.
No obstante, a los que por fortuna no tenemos cuentas en esa entidad, igual fuimos afectados de una u otra manera, ya que otras firmas de las que somos clientes tienen sus cuentas en esa institución financiera, y la situación que se dio paraliza gran parte de sus operaciones.
Después, vino la denuncia del propio Banco Central ante el Ministerio Público, que dispuso la conformación de un equipo de fiscales que no tardó en disponer la detención de todas las autoridades de ueno bank. Varios de ellos ya se presentaron.
Incluso, el BCP logró una medida cautelar ante un juez Civil que dispuso el embargo por unos USD 70 millones de los bienes de los directivos del banco y de las empresas vinculadas, para evitar la posibilidad de disminución notable de la responsabilidad de los posibles deudores y para proteger las responsabilidades patrimoniales.
A esto se sumaron denuncias de abogados particulares ante la Fiscalía, a más de otros que adelantaron que presentarán otras acciones. Inclusive, se dijo que jugadores de la selección nacional de fútbol iban a demandar a la entidad.
Se sumó luego la renuncia del presidente del BCP, uno de los principales responsables, según varios economistas y entendidos, de todo esto que se dio.
Vino también el comunicado del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que pidió mano dura al Banco Central y al Ejecutivo, cuando él mismo forma parte del Gobierno.
Recién en horas de la tarde el presidente Santiago Peña, ex accionista de ueno bank, y quien puso al ex directivo de esa empresa al frente del BCP, en sus redes sociales anunció que le pidió su renuncia, a más de señalar que habló con parlamentarios para acelerar la ley de emergencia financiera. También dijo que quiere asegurar los recursos de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias.
Lastimosamente, a más de ser poco creíble lo que dice, es tenido como el gran responsable de todo esto. Más cuando fue ministro de Hacienda, ex miembro del directorio del Banco Central y uno de los mejor preparados en ese campo. Varios parlamentarios ya preparan un pedido de juicio político.
Por esas cosas de la vida, todo esto ocurrió un 3 de noviembre, que en época de la dictadura, muchos decían que era “fecha feliz” por el cumpleaños de Alfredo Stroessner. Evidentemente, la tormenta perfecta que se armó terminará en la Justicia, donde muchas personas deben responder por dejar miles de víctimas.
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