Latorre impulsa comisión de seguimiento al pago de deudas del Estado con proveedores
El presidente de la Cámara de Diputados busca avanzar en proyecto para supervisar compromisos financieros y dinamizar la economía
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó el impulso de un proyecto de ley para crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que supervise el pago de las deudas del Estado con proveedores, subrayando la importancia de honrar estos compromisos para dinamizar la economía y mejorar la circulación del dinero.
En diálogo con representantes de medios de prensa, el legislador señaló que se encuentra en conversaciones con colegas de diferentes bancadas para avanzar en esta propuesta, que plantea crear una comisión responsable del seguimiento al pago de las deudas del Estado con proveedores, incluyendo empresas farmacéuticas y del sector construcción.
Latorre indicó que esta iniciativa se enmarca en lo que denominó "segunda etapa en la gestión", posterior al reciente juramento del ministro de Economía. "La primera etapa, que tenía que ver con el ordenamiento macroeconómico, creo que está cumplida; ahora el desafío actual es lograr que los paraguayos sientan el dinero circulante", remarcó.
El diputado recordó que las industrias y empresas proveedoras del Estado son parte del sistema que dinamiza la economía del país, ya que son responsables de pagar los salarios a cientos de miles de paraguayos. "Son quienes generan empleo, dinamizan nuestra economía, y cuando se ejecutan proyectos como la construcción de rutas, generan demanda en las despensas y supermercados locales. Es fundamental saldar estas deudas y honrar estos compromisos para mejorar la situación del dinero circulante en el Paraguay", enfatizó.
Inversión en comunicación estatal
Por otra parte, Latorre defendió la inversión del Estado en materia de comunicación, considerándola un aspecto positivo en la gestión gubernativa orientado a mejorar la comunicación institucional. Sostuvo que esta posición se fundamenta en que la información constituye un derecho constitucional y un bien público.
"Siempre mantuve una posición contraria a satanizar la inversión del Estado en comunicación. La información es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y es un bien público. El Estado debe hacer el mayor esfuerzo para informar de manera correcta a la ciudadanía. En ese sentido, el esfuerzo de comunicar también requiere inversión. A criterio personal, existen grandes falencias en materia comunicacional que este y anteriores gobiernos deben mejorar", expresó.
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