Los desafíos que enfrentará Sole

Para llevar adelante su plan de gobierno necesita negociar con la ANR que mantendrá mayoría en la Junta Municipal. El balance en rojo es el principal obstáculo que tendrá Soledad al arrancar su gestión. La deuda de la Comuna supera los G. 1,6 billones y se arrastrará hasta el 2035, es decir, más allá de su mandato.

El monto es la suma de las emisiones de los bonos G5, G6, G7, G8 y G9, contemplando los intereses a largo plazo, además de los intereses vencidos. No se puede hablar de Asunción sin mencionar la herencia de la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez y su sucesor, Luis Bello.

El primero dejó el cargo en agosto de 2025 en medio de fuertes cuestionamientos sobre el destino de los G. 512.000 millones que en su mayoría debían ser destinados a obras de desagüe. Hubo poco avance de la Fiscalía para esclarecer sobre destino de los millonarios fondos. La Contraloría había recomendado investigar.

Entre las principales obras inconclusas o algunos con lento avance se encuentran el desagüe pluvial del barrio San Pablo, las obras de desagüe de General Santos y San Antonio del barrio Las Mercedes; y del barrio Santo Domingo.

Luis Bello, quien asumió tras la renuncia de su correligionario y una intervención de por medio, tampoco se queda atrás en el desorden financiero de la Comuna.

Hasta el 5 de junio de este año, la Municipalidad de Asunción cargaba con una deuda de más de G. 145.000 millones solamente en intereses vencidos de bonos.

En el marco de un acuerdo con los bonistas, la comuna pagó primero G. 50.941 millones y luego otro pago de G. 22.448 millones. Este último fue el 15 de setiembre, según informe de Caja de Valores del Paraguay.

Tras la derrota del candidato colorado Camilo Pérez, legisladores de la ANR afirmaron que igualmente acompañarán una Ley de Capitalidad para socorrer económicamente a la Municipalidad, sin embargo, Soledad Núñez anunció en contrapartida un paquete legislativo impulsado por la oposición que la ayudará en su gestión.

Varias dependencias de la institución estarían recaudando de manera irregular. A las denuncias de pedido de coimas de la Policía Municipal de Tránsito, se suman cobros por cursos que deben ser gratuitos y cánones informales en el Mercado 4.

Al momento de la intervención en julio de 2025, la institución tenía 9.119 funcionarios, según lo señalado anteriormente por el ex interventor Carlos Pereira.

Bello informó a la intendenta electa una cifra de 8.500 empleados, pero aún así persiste una superpoblación de personas. Soledad debe investigar la existencia o no de los famosos planilleros.

Núñez advirtió que será implacable con quienes se estén aprovechando del dinero municipal, prefirió no adelantar las medidas que tomará, pero recordó que cuando se desempeñó como ministra de Vivienda y Hábitat ya había hecho frente a este problema.

En ese sentido, advirtió que cobrar sin asistir al trabajo, es una causal de despido, es decir, la Municipalidad de Asunción no necesita pagar indemnizaciones por este tipo de desvinculaciones justificadas.

En la semana previa a las elecciones, los funcionarios presionaron para la aprobación de un contrato colectivo que contempla un aumento de remuneraciones y pago de seguro médico privado.

Aunque la nueva intendenta reconoce las reivindicaciones, mira con cuidado el contexto de crisis en el que se da.

Los concejales opositores mencionaron que el contrato colectivo tendría un impacto de G. 38.000 millones anuales, mientras que un sector sindical asegura que el monto es inferior y amenaza con una huelga.

Prácticamente al asumir, la jefa comunal deberá hacer frente al pago de aguinaldo a una sobrecargada nómina. El año pasado esta obligación implicó una deuda de unos G. 50.000 millones, pero esta vez, el intendente saliente le aseguró a Soledad Núñez que hay recursos en caja hasta fin de año. Otra problemática relacionada a recursos humanos, son los funcionarios que no pueden jubilarse. Según Bello, la Municipalidad ha transferido más de G. 58.000 millones y ha pagado en obligaciones previsionales G. 16.500 millones.

La denuncia “mafia del asfalto” sobre el supuesto desvío de toneladas de material para predios privados, derivó en una intervención en la Dirección de Vialidad que reveló 54 cámaras inactivas, falta de GPS en los camiones, problemas de seguridad y variaciones de más de 1.000 litros en el uso del combustible.

El desorden financiero deja poco espacio para la mejora de calles y desagües en la capital del país, demandas urgentes de una ciudadanía que vive en zozobra con cada lluvia.