Ministerio Público exhorta a retirar propagandas electorales antes de las municipales

Desde el Ministerio Público se comunicó que es obligación de los intendentes eliminar las propagandas electorales en el marco de las elecciones municipales generales programadas para el 4 de octubre. De manera complementaria, la institución implementará un operativo de cobertura nacional para esa fecha, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna ante posibles hechos punibles y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Sandra Ledesma, agente fiscal de Delitos Electorales de Asunción, señaló que el plazo límite para la realización de la propaganda electoral es el 1 de octubre. Manifestó que "realizar propaganda electoral fuera del plazo es un delito electoral" y que "las municipalidades son las encargadas de mantener la limpieza y el orden de cada ciudad, deben tener una ordenanza de reglamentación".

Ledesma indicó que el Ministerio Público ha realizado trabajos previos para evitar que se induzca en el voto del ciudadano, pero aclaró que "esto no es trabajo del Ministerio Público", sino responsabilidad de las autoridades municipales correspondientes.

Centro de Monitoreo Electoral

Con relación al Centro de Monitoreo de Informaciones y Denuncias, el mismo será instalado en la sede central de la Fiscalía ubicada en Chile esquina Ygatimí de la ciudad de Asunción. Esta estructura permitirá centralizar información y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y otros hechos punibles que pudieran registrarse durante los comicios.

Campaña de Concienciación Ciudadana

Como parte de las acciones previas a los comicios, la Dirección de Comunicación y Prensa del Ministerio Público desarrollará una campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía, con información orientada a prevenir la comisión de delitos electorales y otros hechos punibles.

La iniciativa busca contribuir a que la jornada cívica se desarrolle con normalidad y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, promoviendo el conocimiento de las conductas que pueden constituir delitos y la importancia de denunciarlas ante las autoridades competentes.