Proponen agilizar trámite de divorcio consensuado en 15 a 60 días sin costos

Iniciativa legislativa para simplificar divorcios consensuados

La senadora Lilian Samaniego presentó una propuesta legislativa que busca agilizar y simplificar el proceso de disolución conyugal para parejas que deseen divorciarse de mutuo acuerdo. El objetivo principal es beneficiar a ciudadanos de escasos recursos, permitiéndoles acceder a un trámite prácticamente gratuito y de forma rápida, sin la necesidad obligatoria de incurrir en los altos costos de honorarios legales.

Beneficios económicos y plazos

Según la propuesta, evitar gastos de hasta G. 10 millones en trámites de divorcio ayudará significativamente a las familias con mayores carencias. El proceso podría completarse en un período aproximado de 15 a 60 días bajo este procedimiento simplificado.

La senadora indicó que el atractivo principal del proyecto se refiere al aspecto económico: quienes reúnan las condiciones establecidas no deberán pagar tasas ni aranceles, sino únicamente demostrar su mutuo acuerdo ante un juez.

Requisitos para acceder al trámite simplificado

Para acceder a esta modalidad simplificada, deben cumplirse estrictamente tres condiciones:

Consentimiento bilateral (mutuo acuerdo) de ambas partes; ausencia de hijos menores de edad; y ausencia de bienes gananciales o que exista una separación de bienes previa.

Samaniego aclaró que el proceso se realizaría directamente ante un juez jurisdiccional, en lugar de un juicio complejo.

Protección del sector legal

La proponente enfatizó que la iniciativa no afecta el servicio de abogacía, puesto que en casos donde existan menores involucrados, los abogados seguirán mediando en el conflicto. Asimismo, aclaró que la iniciativa no atenta contra la institución familiar, sino que responde a una realidad social de miles de paraguayos que se encuentran legalmente unidos pero cuyas relaciones terminaron hace años, viéndose impedidos de rehacer sus vidas debido a la falta de recursos económicos.

Ajustes al proyecto

La abogada técnica Lourdes Matiauda aclaró una confusión inicial respecto a plazos de espera. Explicó que mientras la Ley 4591 contemplaba un plazo de tres años, la Ley 5422 ya había eliminado este requisito de espera. El texto del nuevo proyecto fue subsanado para mantenerlo sin plazos, eliminando la propuesta errónea de reducirlo a un año, considerando que actualmente no se requiere antigüedad alguna.

La parlamentaria señaló que estudiará eventuales observaciones con total apertura antes de que el proyecto sea tratado nuevamente en una sesión del Senado.