Sector empresarial plantea reformas estructurales en el mercado energético paraguayo
El CEAL advierte sobre la necesidad de garantizar autonomía regulatoria e impulsar la apertura del mercado de energía
Reformas urgentes en el sector energético
El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) ha identificado la necesidad de actualizar el marco legislativo del país para fortalecer el sector energético. Según sus análisis, de no implementarse cambios estructurales, Paraguay podría enfrentar un déficit energético en cinco años, lo que repercutiría en la capacidad de atraer inversiones internacionales.
Rubén Jacks, presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL, Capítulo Paraguay), destacó que existen múltiples intenciones de inversión acumuladas, pero el país requiere impulsar capital privado en el sector de generación de energía para materializar estos proyectos. Para que estas inversiones se concreten, es fundamental actualizar la arquitectura institucional del país.
Necesidad de autonomía regulatoria
Los representantes empresariales subrayan la urgencia de crear un ente regulador verdaderamente autónomo, independiente de cualquier injerencia política. Jacks señaló que es necesario emular el modelo implementado en el sector de telecomunicaciones, donde se permitió la apertura del mercado manteniendo la estructura estatal bajo criterios competitivos.
"Tenemos que entender que si no se hacen los cambios correctos no vendrán los generadores de energía", enfatizó el empresario, subrayando que el objetivo no es privatizar la ANDE, sino hacerla competitiva en un mercado abierto.
Análisis de las propuestas actuales
Diego Zavala, asesor del CEAL, ha identificado errores estructurales en los proyectos debatidos en la mesa energética. La principal preocupación radica en la autonomía de la institución reguladora proyectada. Según el análisis, la entidad propuesta dependerá del Poder Ejecutivo, lo que compromete su independencia técnica y política.
Un aspecto crítico es la jerarquía institucional: el marco legal ubicaría al órgano regulador en el mismo nivel que la ANDE, la institución que deberá fiscalizar. Esta situación genera incertidumbre sobre la efectividad de la supervisión regulatoria.
Adicionalmente, Zavala advirtió sobre la ausencia de facultades arbitrales en el marco jurídico propuesto. Esta deficiencia significa que la nueva institución carecería de herramientas para dirimir conflictos tarifarios entre el Estado y los generadores privados, dejando a los inversores sin garantías de seguridad jurídica.
El desafío del modelo de comprador único
El análisis del CEAL identifica que el proyecto mantiene un modelo de monopsonio, donde la ANDE es la única autorizada para comprar energía en el mercado. Esta estructura limita la viabilidad financiera de proyectos alternativos de generación.
Según explicó Zavala, los generadores privados se ven obligados a competir contra los precios de represas hidroeléctricas cuyas inversiones ya fueron amortizadas, haciendo imposible el recupero de nuevas inversiones.
Propuesta de apertura del mercado
Para potenciar el desarrollo energético del país, los representantes empresariales proponen permitir la libre transmisión de energía en el mercado. Este modelo permitiría que generadores privados vendan su capacidad directamente a grandes industrias, abonando únicamente un peaje por el uso de las líneas de transmisión estatal.
Esta estructura descentralizada permitiría que la competencia funcione efectivamente, atrayendo inversión privada y garantizando seguridad energética a mediano y largo plazo.
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