Senado aceptará rechazo de Diputados sobre modificaciones al programa Hambre Cero

Senado retrocede en propuesta de modificación

El líder de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores confirmó que el oficialismo aceptará el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que buscaba realizar modificaciones en la administración de los fondos del programa Hambre Cero en las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.

Según lo expresado en rueda de prensa, la decisión se fundamenta en mantener el sistema de Hambre Cero tal como se encuentra actualmente, mientras se continúa evaluando el funcionamiento en ambas jurisdicciones.

Análisis de la Contraloría como instrumento central

La aceptación del rechazo se basa en que la Contraloría General de la República ya inició un proceso de análisis sobre la administración de estos recursos. El líder de la bancada señaló que esta institución es la responsable de realizar el análisis correspondiente.

"La medida que se tomó en el Senado ya tuvo su efecto; la Contraloría ya realizó su análisis correspondiente y es esa institución a la que le corresponde el análisis. Cuando terminen el proceso de revisión, el dictamen de la Contraloría será la herramienta más importante".

Cronología de los eventos legislativos

El pasado 4 de marzo, durante una sesión ordinaria de la Cámara Alta, se aprobó un proyecto de ley que buscaba modificar la administración de los fondos del programa Hambre Cero, planteando que estos recursos fueran centralizados a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Un mes después, el 7 de abril, la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa. Con esta decisión del Senado de aceptar el rechazo, el proyecto quedará descartado.

Segundo proyecto también sería rechazado

De igual manera, el proyecto de ley que buscaba transferir los recursos de Hambre Cero de las gobernaciones hacia las municipalidades también sería rechazado por la bancada oficialista, según lo adelantado.

El representante de la bancada explicó que la postura se mantiene en dejar que el programa continúe funcionando como lo hace actualmente bajo la administración del Ejecutivo con las gobernaciones, mientras que el análisis de posibles irregularidades corresponde a entidades como la Contraloría General de la República y la Auditoría del Poder Ejecutivo.