"Un ciudadano americano hace lo que quiere"

Edward Augustus Hopkins había pisado el Paraguay por primera vez en 1845, como jovencísimo agente especial del Departamento de Estado. Volvió en 1853 con credencial de cónsul y un cargo más rimbombante: agente general de la United States and Paraguay Navigation Company, sociedad formada con capitales de Rhode Island —por eso las fuentes la llaman, a secas, “la Compañía de Rhode Island”— para explotar la navegación y la industria en el corazón de Sudamérica.

Don Carlos Antonio López lo recibió con los brazos abiertos. Lejos de la imagen del déspota hostil al capital extranjero, el presidente colmó de favores al recién llegado: cuando uno de los barcos de la compañía naufragó en la costa del Brasil con valiosas mercaderías, el propio gobierno acudió en auxilio de la empresa, y el Tesoro nacional llegó a prestarle diez mil pesos a réditos. Con ese viento a favor, Hopkins montó una fábrica de cigarros en Asunción, un aserradero a vapor y una ladrillería en San Antonio, ocupó el viejo cuartel de esa villa y compró tierras adyacentes para sus operaciones.

Los documentos de la época pintan a un personaje insufrible: el Juez de Paz de Ipané debió retirarle diez peones por los trabajos excesivos y la pésima alimentación que les daba —“un real de carne y medio de mandioca para 14 hombres”, consta en el expediente—; acumuló deudas con comerciantes de la plaza como Esteban Rana y Rudert (mil onzas de oro) y los señores Puig y Cramon; y repartía exigencias amparado en la fanfarronada de que “un ciudadano americano hace lo que quiere”.

Llegó a pedir tierras, cinco mil pesos de dotación estatal y diez años de exención de impuestos para una escuela de agricultura, con el detalle adicional de que la redacción de El Semanario —el periódico oficial— quedara en manos de su hermano Clemente.

Fue justamente Clemente quien encendió la mecha. En el invierno de 1854, cabalgando en compañía de una dama francesa —la esposa del vicecónsul de Francia, según algunas versiones—, dispersó una tropa de bueyes del Estado. El soldado que la arreaba —un tal Silvero, según un expediente— repartió un sablazo: las fuentes discrepan sobre si el golpe cayó sobre Clemente o sobre la dama, pero coinciden en lo que vino después. En lugar de presentar la queja por la vía diplomática, el cónsul exigió el fusilamiento del soldado y, ante la negativa de López —que tras investigar el caso le impuso apenas unos días de arresto—, irrumpió en la casa de gobierno en traje de montar y con el látigo en la mano, descargando sobre el presidente y su familia insultos que las notas oficiales de la época califican de inauditos.

El 23 de agosto de 1854 tropas paraguayas ocuparon el establecimiento de San Antonio, cuya compra fue declarada nula: Hopkins había adquirido el terreno de manera fraudulenta a una viuda, sin autorización judicial, siendo sus dueños legítimos unos herederos menores de edad —los hijos de la viuda de Ramón Zelada—. El gobierno ordenó restituir la tierra a los menores y devolvió el dinero al norteamericano, que se negó a recibirlo. El 1 de septiembre le fue cancelado el exequátur, es decir, el reconocimiento de su carácter consular.

Vinieron luego los decretos que obligaban a todo extranjero a obtener licencia para ejercer el comercio. Cuando Hopkins solicitó la suya bajo el título de “Agente General”, se le respondió que semejante título no era reconocido: la fábrica de cigarros quedó secuestrada, las maquinarias —incluida una gran máquina de aserrar— fueron inventariadas y puestas en depósito, y las tierras restantes se adjudicaron al Estado a cuenta de las crecidas deudas que el empresario mantenía con el fisco. A fines de 1854, Hopkins abandonó el país con una advertencia formal que no admitía relecturas: “no será admitido en la República con ningún pretexto, ni objeto”.

Desde Buenos Aires, Hopkins publicó en 1856 un panfleto de título elocuente —La tiranía del Paraguay á la faz de sus contemporáneos— mientras los accionistas de la compañía golpeaban las puertas de Washington reclamando una indemnización que, entre daños, lucro cesante e “incautación” de propiedades, calcularon entre 935.000 y 1.250.000 dólares: una fortuna para la época. A la cuenta se sumaba otro agravio pendiente: el cañonazo que en 1855 había costado la vida al timonel del vapor de guerra Water Witch frente al fuerte de Itapirú.

El gobierno norteamericano decidió cobrar al estilo de la época: en 1858 despachó al Río de la Plata una escuadra de diecinueve buques y más de dos mil hombres al mando del comodoro Shubrick —una de las mayores fuerzas navales organizadas por ese país hasta entonces—, con el comisionado James Bowlin a bordo para presentar las exigencias.

Hizo falta la mediación del general argentino Justo José de Urquiza, que viajó a interceder entre el comisionado y el presidente López, para que la “expedición de cobro de deudas” no terminara a cañonazos. A comienzos de 1859 el arreglo quedó sellado, y tuvo su ironía: el Paraguay dio satisfacciones por el incidente del Water Witch, firmó un nuevo tratado de amistad y comercio… y consiguió que el reclamo millonario de la compañía fuera sometido, no a la boca de los cañones, sino a una comisión arbitral en Washington. La flota regresó a su país sin haber impuesto nada por la fuerza.

La comisión mixta quedó integrada por un comisionado paraguayo, José Berges, y uno norteamericano, Cave Johnson. Tras revisar las pruebas, en agosto de 1860 el tribunal falló que la compañía no había acreditado derecho alguno y que el gobierno paraguayo no era responsable de pagarle indemnización pecuniaria de ninguna especie. El dato que todavía asombra: el voto decisivo a favor del Paraguay fue el del propio comisionado estadounidense. La nación más pequeña y mediterránea de América había llevado a una potencia naval a su propio terreno —el de los tribunales— y le había ganado el pleito.

Hopkins, sin embargo, no había dicho su última palabra. Reapareció en el Paraguay arrasado de la posguerra: en 1869, bajo el Gobierno Provisorio, operaba un negocio de extracción de madera en Villa Occidental, en el Chaco. Cuando el fisco paraguayo pretendió cobrarle el impuesto general que correspondía a su industria, se negó a pagar, asumió una “actitud amenazadora” y gestionó directamente ante un general argentino la ocupación militar de la villa, arrebatándole al Paraguay la jurisdicción sobre la localidad con tal de evadir sus obligaciones.

Una década después, otro norteamericano —nada menos que el presidente Rutherford B. Hayes— laudó en 1878 que el Chaco comprendido entre los ríos Verde y Pilcomayo, Villa Occidental incluida, pertenecía al Paraguay. La villa se llama desde entonces Villa Hayes, y el departamento entero lleva el nombre de aquel árbitro: Presidente Hayes. En los dos grandes arbitrajes del siglo XIX en que Estados Unidos tuvo algo que decir sobre el Paraguay, el fallo favoreció a Asunción.

P.D.: Paraguay se convirtió así en el primer país de Sudamérica en expropiar a un ciudadano estadounidense, y el primero en cobrarse la vida de un marino norteamericano.