Advierten que usar Fondo de Garantía es salvataje y blanqueo a ueno y no devolución del dinero

La propuesta del Gobierno de utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en el pago de los fondos públicos depositados en ueno bank generó fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos, en medio de la crisis que atraviesa la entidad financiera y del procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El presidente Santiago Peña anunció que acordó con los titulares de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que permita utilizar el fondo para iniciar el pago inmediato a los ahorristas y garantizar, además, la devolución de los recursos pertenecientes al Estado, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a otras cajas jubilatorias públicas. El Senado le dio aprobación inmediatamente, mientras que en Diputados tienen previsto sesionar mañana a las 10:00 para el mismo efecto.

No obstante, la ley aprobada en Senado es para la devolución a los ahorristas, lo que sí tuvo apoyo de opositores, no así para los fondos públicos. La iniciativa despertó objeciones por el alcance que tendría sobre los recursos del fondo y por la posibilidad de que se utilice dinero constituido con aportes del sistema financiero para cubrir la totalidad de los depósitos de instituciones públicas, más allá de la cobertura ordinaria prevista para los depositantes.

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Desde el Partido Patria Querida (PPQ) afirmaron que se trata de una intención de blanquear al mismo Peña y rechazaron que la utilización del FGD pueda presentarse como una devolución de los recursos públicos.

“Corrección. La propuesta de usar el FGD para cubrir los fondos públicos no es una devolución. El dinero lo deben devolver tus cómplices que vaciaron un banco. Estás proponiendo blanquearte”, respondió PPQ al presidente.

Patria Querida calificó la iniciativa como un “salvataje especial con dinero de terceros, con dinero de todos los paraguayos”, al considerar que se pretende trasladar a los recursos colectivos del sistema financiero una responsabilidad que debería recaer sobre quienes ocasionaron el perjuicio.

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El abogado Ezequiel Santagada aclaró que, a su criterio, la propuesta no constituye simplemente un salvataje, sino que implica utilizar recursos destinados a proteger a los depositantes de todo el sistema financiero para cubrir el perjuicio de las instituciones públicas.

“Ni siquiera es un salvataje, ¡es un robo descarado del dinero de los ahorristas para pagar el desfalco de Ueno al Estado y un debilitamiento estructural del sistema bancario paraguayo!”, manifestó.

Santagada advirtió que el Fondo de Garantía de Depósitos está constituido con aportes de las entidades financieras y que sus recursos tienen como finalidad proteger los ahorros de los depositantes ante eventuales problemas bancarios.

Cuestionó que se pretenda utilizar los recursos remanentes del fondo, una vez aplicada la cobertura legal ordinaria, para garantizar la totalidad de los depósitos de las instituciones públicas.

“Todo ok con el pago inmediato a los ahorristas, pero utilizar los recursos remanentes del Fondo de Garantía de Depósitos para proteger la totalidad de los depósitos de las instituciones públicas es legalizar el robo de esos fondos y meternos la mano en el bolsillo a todos los ahorristas”, sostuvo.

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El abogado alertó además sobre las consecuencias que podría tener la medida para el futuro del sistema financiero y pidió especial atención a los legisladores que no forman parte del oficialismo. “Todos vamos a pagar este atraco a la plata pública”, advirtió.

A su turno, el senador Gustavo Leite cuestionó que se utilice el Fondo de Garantía de Depósitos para devolver los recursos del IPS y otras instituciones públicas, al considerar que eso podría desvirtuar el propósito original del mecanismo.

“Cualquier iniciativa legislativa que tienda a devolver sus fondos al IPS usando el Fondo de Garantías de Depósitos se desvía de su propósito original de proteger a los depositantes”, señaló.

Leite aclaró que está a favor de proteger los recursos previsionales, pero sostuvo que esa protección no debe traducirse en impunidad para quienes tuvieron responsabilidad en la colocación y administración de esos fondos.

“Blindar al IPS sí, a los ladrones nunca”, remató.