Afirman que titular de ANDE estaría renunciante ante conflicto por tarifas

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) afirmaron que el presidente de la estatal, ingeniero Félix Sosa, habría puesto su cargo a disposición porque se niega a presiones por parte del Gobierno para la firma de un contrato que los perjudicaría. En contacto con Última Hora, Adolfo Villalba, secretario general del gremio, señaló que la situación se parece a una que ya pasó la estatal en el 2019.

Igualmente, manifestó que Félix Sosa fue junto al presidente de la República, Santiago Peña, ayer viernes. Tratamos de comunicarnos con Sosa y su entorno, pero se llamó a silencio y no obtuvimos respuestas. Además, cuando ayer en conferencia de prensa se consultó al respecto al asesor del Gabinete Civil de la Presidencia, Rodrigo Maluff, este ignoró responder si existe información oficial sobre una presunta renuncia.

Sin embargo, desde el Gobierno, Guillermo Grance, director general de Información Presidencial, señaló que “no puso su cargo a disposición el presidente de ANDE”. Fue pocos minutos después de surgir la información, compartiendo una foto de Sosa junto con otros ministros del Gabinete del mandatario.

Villalba insistió en que el titular de la administración eléctrica estaría siendo presionado para firmar un documento. “Lo que le puedo decir es que estamos viviendo algo parecido al 2019, cuando salió Pedro Ferreira. Hay un contrato que perjudica a la ANDE y básicamente le están diciendo ‘firmá o renunciá’”, explicó Villalba.

El dirigente sindical mencionó que Sosa no quiere firmar porque es un contrato leonino y supuestamente perjudicial para la empresa, y que también lo compromete a él.

Adelantó que desde el Sitrande buscarán los mecanismos para impedir este contrato. “Y él no quiere firmar en esas condiciones que le están planteando y, entonces, ante esa negativa seguramente le van a cambiar o le van a pedir su renuncia”, prosiguió.

Demanda. Por su parte, el abogado Jorge Rolón Luna, asesor del Sitrande, con respecto a los decretos cuestionados, dijo que vienen reuniéndose incluso con otros gremios como la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), y el Sindicato de Trabajadores Profesionales de la ANDE (Aproande), quienes cuestionan los documentos. Adelantó que la Sitrande decidió en asamblea cuestionar la constitucionalidad de estos decretos. “La que tiene una decisión concreta es Sitrande. Los demás están de acuerdo en los cuestionamientos, y es factible que sumen formalmente a una acción de inconstitucionalidad”, subrayó.

Añadió que Sosa estaría renuente a firmar los contratos, desde el punto de vista técnico, y por la manera en que fueron firmados, “con serios problemas de constitucionalidad”. La empresa vinculada al contrato sería Atome Energy. Villalba subrayó que “es una empresa que quiere una carga de 125 megas y quiere aplicar el Decreto 5307 (modificado por el Decreto 5860), que es el que establece a USD 30 MWh para ellos, por 15 años y varios otros beneficios. La ANDE ya tiene estudios y hoy la tarifa técnica es de USD 44, y hay una diferencia de USD 14 en este momento”.

Detalló que se estima un perjuicio de entre USD 150 y USD 200 millones durante el contrato de una sola empresa. “En esas condiciones no puede firmar el presidente”, sentenció Villalba.

Roberto Colmán, jubilado y ex dirigente del Sitrande, había acusado que con los decretos presidenciales 5860 y 5861 la ANDE vendería energía por debajo del costo real, representando un subsidio encubierto a empresas extranjeras que generan mínimo empleo en el país. Se calcula que el daño patrimonial puede llegar a los 1.000 millones de dólares en 15 años. El sindicalista aseguró que para cubrir este déficit, la ANDE se verá obligada a aumentar las tarifas a todos los demás sectores.

Expertos advirtieron además que el uso intensivo de energía por parte de estas corporaciones agotará antes los excedentes.

En cuanto al Sitrande, el grupo comunicó oficialmente su rechazo a participar en la nueva mesa de diálogo convocada por Félix Sosa para discutir los decretos. Condicionaron cualquier acercamiento no solo a la derogación de los decretos citados, sino también al cese inmediato de la “persecución interna”, denunciada contra los técnicos que cuestionaron la factibilidad de dichos documentos.

Desde la empresa Atome prefirieron no referirse a la supuesta renuncia de Félix Sosa o el conflicto por las tarifas especiales. Recordaron que el proyecto en Paraguay está centrado en la producción de fertilizantes a partir de fuentes renovables, con un impacto directo estimado en más de USD 30 millones anuales de ingresos para la ANDE.

Atome operará como una carga industrial de base (base-load) con una demanda constante de 125 MW. Esta potencia se suministrará en 220 kV, buscando garantizar mínimas pérdidas técnicas.

A diferencia de otras industrias, la planta mantendrá un factor de carga de entre el 95% y 100%, funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Recordaron que actualmente Paraguay depende casi en su totalidad (entre el 98% y 100%) de la importación de fertilizantes, lo que genera una fuga de divisas aproximada de USD 700 millones al año. La planta de Atome utilizará electricidad limpia para producir hidrógeno verde y amoníaco verde, insumos base para el fertilizante nitrogenado CAN.

Subrayaron que este producto es crítico para el agro paraguayo, especialmente en cultivos de soja, trigo y caña de azúcar. Por ello, producir localmente no solo reduce la exposición a shocks de precios internacionales y crisis logísticas globales, sino que también fortalece la seguridad alimentaria de la región. La producción proyectada de 260.000 toneladas anuales ya cuenta con un mercado asegurado mediante un contrato de tipo “take-or-pay” con la firma internacional Yara por el 100% de la producción durante al menos 10 años.

La inversión total del proyecto supera los USD 665 millones. La iniciativa impulsará la creación de aproximadamente 4.100 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y unos 1.290 durante la operación permanente.

Además, el impacto logístico repercutirá en puertos, barcazas, servicios aduaneros y redes de distribución agrícola, con un gasto operativo anual proyectado superior a los USD 42 millones.