Anuncian primera licitación de renovación de transporte para junio
El Ministerio de Obras Públicas presenta cronograma de modernización de flota con nueva estructura operativa
Anuncio de la primera licitación
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, informó que en el mes de junio se llevará a cabo la primera licitación de renovación de flota con una nueva unidad funcional. Este proceso forma parte de la reglamentación de la ley de reforma de transporte público que busca mejorar el servicio.
Meta de renovación al 2028
Según los anuncios, la meta establecida es la renovación de aproximadamente mil buses en el sistema de transporte. Actualmente, el sistema opera con dos mil unidades, por lo que progresivamente se irán renovando los siguientes mil buses hasta finales del 2028.
Nueva estructura operativa
En la primera licitación se implementará una nueva unidad funcional compuesta por un troncal con sus alimentadores. Este nuevo modelo busca consolidar operadores que actualmente compiten de forma independiente. En lugar de tener 10 operadores diferentes operando un mismo pasajero, se invitará al sector privado a nuclearse y concesionarse, de modo que un solo operador maneje los itinerarios disponibles para la ciudadanía.
Cronograma y financiamiento
El proceso de licitación está previsto que culmine en el segundo semestre, momento en el cual se realizará la adquisición de la flota. La flota se pagará a largo plazo, con una operación prevista de aproximadamente 15 años para los nuevos itinerarios.
Modelo de financiamiento
El sistema de transporte actual mueve 100 millones de dólares anuales, que se componen de ingresos por pasaje y subsidios estatales. Estos recursos se canalizarán a través de un fideicomiso que será creado bajo la nueva normativa. El Estado, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Ministerio de Economía, garantizará recursos blindados para el pago del servicio, la disponibilidad de buses y el pago por kilómetro viajado.
Cambio normativo profundo
La reforma representa un cambio significativo después de más de 25 años sin modificaciones sustanciales en la forma en que el Estado contrata servicios de transporte. El nuevo modelo busca garantizar a la ciudadanía independencia de los conflictos laborales y amenazas de paros que han afectado históricamente el servicio. La implementación está orientada a mejorar continuamente conforme cambien las ciudades, generando más itinerarios y condiciones para los pasajeros, con el objetivo de captar nuevamente usuarios al sistema.
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