Aumentan posiciones críticas contra la tarifa especial para IA

La coalición política Frente Guasu sentó ayer una postura de rechazo absoluto ante los decretos presidenciales 5860 y 5861, durante una conferencia de prensa. Los voceros de la agrupación denuncian que el Gobierno pretende vender energía eléctrica por debajo del costo, lo que generaría un agujero financiero crítico para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y abriría las puertas a su privatización.

Roberto Colmán, jubilado y ex dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), detalló que vender energía por debajo del costo real representa un subsidio encubierto a empresas extranjeras que generan mínimo empleo en el país. Se calcula que esto provocará a la ANDE una pérdida anual de USD 55 millones, proyectando un daño patrimonial de entre 750 y 1.000 millones de dólares en 15 años.

El sindicalista aseguró que para cubrir este déficit, la ANDE se verá obligada a aumentar las tarifas a todos los demás sectores, ya sean usuarios residenciales, comerciales e industrias locales. Además, alertan que la tarifa social, destinada a las familias más vulnerables corre el riesgo de desaparecer.

La medida fue calificada como un “atropello ilegal e inconstitucional” que viola la Carta Orgánica de la ANDE (Ley 966). Se advirtió que el uso intensivo de energía por parte de estas corporaciones agotará rápidamente los excedentes de Itaipú y Yacyretá.

Ante este escenario, la agrupación anunció que iniciará un trabajo de articulación con sindicatos, organizaciones y movimientos sociales para frenar estos decretos desde las calles y el Parlamento.

RECHAZO. En cuanto al Sitrande, el grupo comunicó oficialmente su rechazo a participar en la nueva mesa de diálogo convocada por Félix Sosa, presidente de la ANDE, para discutir la normativa vigente. Los funcionarios condicionan cualquier acercamiento no solo a la derogación de los decretos sobre tarifas especiales para la inteligencia artificial, sino también al cese inmediato de la “persecución interna”, denunciada contra los técnicos que cuestionaron la factibilidad de dichos pliegos.