Banco Central del Paraguay inicia proceso de resolución de ueno bank
BCP garantiza devolución de depósitos hasta G. 228.300.000 a través del Fondo de Garantías
Foto: Diario UltimaHora
Medida de protección del sistema financiero
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar un proceso de resolución bancaria de ueno bank tras detectar problemas graves en la entidad, con el objetivo de proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero nacional.
La medida se fundamenta en la identificación de una insuficiencia severa en el índice de solvencia de la institución, el cual se encontraba por debajo del 50%. El procedimiento se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera.
Garantías para los depositantes
En conferencia de prensa, el BCP informó que garantiza la devolución de ahorros de hasta G. 228.300.000, equivalentes a 75 salarios mínimos, a través del Fondo de Garantías de Depósitos. La entidad reguladora solicitó a los usuarios un plazo máximo de espera de 15 días para el procesamiento de las devoluciones.
Situación en sucursales y plataformas digitales
A raíz del anuncio, se registró un ingreso masivo de clientes a la aplicación bancaria de ueno bank para acceder a sus fondos. Los usuarios reportaron inconvenientes al intentar visualizar sus saldos, con mensajes en la app que indicaban: "No podemos mostrar el saldo. Intentá más tarde".
Adicionalmente, los clientes informaron que los cajeros automáticos de la entidad no permitían realizar extracciones de dinero en efectivo. Se constató una considerable presencia de clientes en las sucursales ubicadas en calle Palma, en el centro de Asunción, así como en la sucursal de Lambaré, Departamento Central, sobre la avenida Cacique Lambaré.
Marco legal de la resolución
El proceso de resolución bancaria es un procedimiento establecido en la legislación bancaria paraguaya para garantizar la protección de los depositantes ante situaciones de insolvencia severa. Esta medida permite que la autoridad regulatoria intervenga en instituciones financieras que presenten problemas de capital que comprometan la seguridad de los fondos de los ahorristas.
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