Concentración de poder o la raíz de la crisis de ueno bank

Paraguay registra más de siete décadas de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que gobernó de manera ininterrumpida desde 1947, incluyendo los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, con solo una breve alternancia entre 2008 y 2013. En los últimos años, la acumulación de poder del partido oficialista, ha operado bajo dos dinámicas distintas. Por un lado, el control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, además de los cargos electivos en el nivel subnacional, se revalidan mediante elecciones populares. Por otro lado, por vía no electiva se realiza una captura del Estado que se ha traducido en la monopolización directa de los organismos técnicos, judiciales y de control. Este fenómeno no es una percepción ciudadana, sino una práctica clara, verbalizada por referentes oficialistas y por el propio ex presidente de la República, Santiago Peña, quien había señalado la intención del partido oficialista de un “copamiento total” de las instituciones en todo el territorio nacional.

Esta concentración de poder desarticuló por completo el sistema de pesos y contrapesos, base del sistema democrático, al capturar los órganos claves para el control judicial como el Consejo de la Magistratura (con la función de seleccionar ternas de jueces y fiscales) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (encargado de remover o sancionar a operadores de Justicia), y que –para colmo– estuvo dirigido por años por un referente de la ANR… que ni siquiera era abogado! La instrumentalización de estas instituciones como herramientas de disciplinamiento político permitió un sólido esquema de impunidad. Varias denuncias de gremios de abogados y bancadas de la oposición han documentado cómo las mayorías parlamentarias oficialistas designaron a miembros de su propia línea política en dichas instituciones, convirtiendo la justicia en un dispositivo de persecución selectiva o un escudo de protección.

En el caso de ueno bank, la concentración de poder partidario operó desde el Banco Central del Paraguay (BCP) y desde la Superintendencia de Bancos mediante un mecanismo de captura del Estado, denominado como “puertas giratorias”, al designar en el Directorio a personas vinculadas al historial de la propia entidad regulada. Esta simbiosis entre el poder político-empresarial y la banca matriz anuló la necesaria separación entre entes regulador y regulado. Esto ha provocado un adormecimiento deliberado de los sistemas de fiscalización y alertas tempranas. Dicha inacción facilitó que organismos del Estado, como el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras instituciones públicas, continuaran inyectando recursos estatales y fondos jubilatorios en la entidad privada.

En resumen, el estallido de la crisis de ueno bank no constituye un accidente financiero aislado, sino la consecuencia predecible de un modelo de concentración de poder político y económico, que lleva años subordinando los recursos del Estado a los intereses partidarios y particulares y perjudicando a toda la población paraguaya.