Consejo del IPS evitó sanciones en caso de quirófanos fantasmas
El informe de Auditoría Interna N° 12/2024 del Instituto de Previsión Social (IPS) revela que el Consejo de Administración hizo omisiones claves en el millonario contrato de los quirófanos modulares, que habría ocasionado un perjuicio de G. 61.000 millones a la previsional. El dictamen del Departamento de Auditoría del IPS, que data del 2024, recomendó la apertura de un sumario ante irregularidades en la compra de equipos para quirófano modular. Sin embargo, el Consejo de Administración de la previsional desechó el pedido para evitar las pesquisas. El documento de Auditoría desnudó varias irregularidades en la licitación, como falta de planeamiento previo, autorización de adendas que violaron la Ley 2051/03, pagos de facturas sin que la zona estuviera liberada, aceptación tardía de garantías y la no aplicación de multas por atrasos de la empresa.
Además, resalta que estas fallas generaron “adendas desordenadas e indebidas” y atrasos en la ejecución.
Otro punto clave que cuestiona la auditoría es el pago del anticipo del 10% del contrato. Según el informe, el IPS desembolsó una importante suma de dinero a la empresa Neighpart SA sin exigir la justificación ni el plan de inversión que obliga la Ley 2051/03, es decir, el Consejo avaló el desembolsó la millonaria suma de dinero sin respaldo de cómo se iba a usar.
También se detectaron fallas en el control del contrato, como pagos sin sustento legal. Esto, teniendo en cuenta que el IPS pagó las facturas N° 615 y 622 cuando la zona de obra todavía no había sido liberada. Incluso, el pago se realizó pese a una prohibición por ley.
El documento de auditoría también remarca que la empresa presentó la Garantía de Fiel Cumplimiento fuera de plazo y no pasó nada, ya que pese al atraso en la entrega de equipos, el Consejo no aplicó las multas que correspondían según el contrato.
En ese sentido, el informe reitera que todos estos problemas contractuales y su incumplimiento sin una sanción se deben a dos causas principales, la ausencia de planificación y de control por parte de la máxima autoridad del IPS.
Esto, ya que tanto el Consejo de Administración como la Gerencia de Abastecimiento y Logística omitieron tareas básicas como la planificación antes de contratar, el control de los pagos y las sanciones por los incumplimientos.
Sobre el punto, la auditoría recomendó al Consejo, la Gerencia de Abastecimiento y Logística que se apliquen sanciones a los responsables, según el Art. 76 del Estatuto del Funcionario del IPS.
Sin embargo, pese a las recomendaciones de Auditoría, el Consejo de la previsional evitó que se investigue a la empresa Neighpart, firma que además cuenta con otros 18 contratos con el IPS por más de USD 77.000.000.
¿Cómo votó el Consejo? El 30 de junio de 2024 se reunió el Consejo Administrativo de la previsional para tratar el dictamen elevado por el Departamento de Auditoría y decidió no hacer lugar a la recomendación de investigar el caso por el voto del consejero Aníbal Manuel de los Ríos.
Mientras que el consejero Carlos Pereira se abstuvo de votar, al igual que Jorge Magno Brítez, que en ese momento era el titular del Consejo. En el documento que remitieron a la Dirección Jurídica afirman que los inconvenientes que aparecen en el informe ya “fueron subsanados”.
Dos años después de la compra, el fiscal Julio Ortiz imputó a Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, ex presidentes de la previsional, además de otros siete funcionarios por el supuesto hecho punible de lesión de confianza.
La denuncia se refiere a hechos punibles de lesión de confianza por el caso de las adendas de quirófanos modulares. De acuerdo con el Ministerio Público, se señala un perjuicio económico al Instituto de Previsión Social de G. 61.000 millones.
Auditoría relevó varias irregularidades en la licitación, como falta de planeamiento previo, autorización de adendas, pagos de facturas anticipadas y la no aplicación de multas por atrasos de la empresa.
Informe. El dictamen de la Auditoría Interna de IPS recomendó investigar y sancionar por incumplimiento del contrato a empresa Neighpart, pero el Consejo evitó, alegando que ya fueron subsanadas.
“La falencia principal fue la planificación”, dice ex auditora
Reunión. Según la ex directora de Auditoría del IPS, el Consejo hizo caso omiso a las recomendaciones de irregularidades en el contrato.
La ex directora de Auditoría del IPS, Alicia Olazar, recordó que en abril de 2024 remitió al Consejo de Administración un informe categórico sobre el contrato para la provisión de quirófanos modulares, que advertía sobre irregularidades en el contrato con la empresa Neighpart SA para provisión de quirófanos modulares y afirmando que se realizó sin estudio previo para determinar si había infraestructura para instalar los equipos.
En ese sentido, señaló que el trabajo se realizó a pedido del Consejo, que solicitó ampliar el dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Nos hemos ratificado en la mayoría de sus observaciones, excepto en una sobre la aplicación de multas. Nuestro informe exponía ya la identidad de todos los responsables por cada proceso, a los efectos de la eventual aplicación de sanciones”, afirmó la ex directora y cuestionó que a pesar de ello se haya autorizado el pago del 10% del monto.
Además, indicó que el informe concluyó que la principal falencia estuvo en la planificación. “La falencia principal fue en la planificación, en la solicitud de ese llamado, en la adjudicación y en la aprobación. Posteriormente vinieron las demás irregularidades: adendas, extensiones de plazos, justamente porque era imposible el cumplimiento en ese momento”, sostuvo Olazar.
Recordó que el dictamen fue derivado a la Dirección Jurídica, que solicitó la apertura de un sumario administrativo, pero este no fue aprobado por algunos consejeros. “La auditoría interna lo que hizo en ese momento fue decir: esto es así, está corroborado, estas son las falencias y estos son los responsables”, expresó.
Finalmente, aclaró que aunque los equipos fueron entregados y recibidos, las responsabilidades administrativas persistieron. “Independientemente de que haya o no un daño patrimonial, responsabilidades administrativas existen. Los equipos están en el predio, pero eso no exime las responsabilidades emergentes”, remarcó.
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