Crisis de ueno reabre las heridas de los 90, cuando causas millonarias terminaron prescribiendo
Foto: Diario UltimaHora
Nuestro país vuelve a mirar hacia una de las páginas más oscuras de su historia financiera. La crisis de ueno bank, que inicialmente parecía un problema de solvencia de una entidad bancaria, terminó convirtiéndose en una crisis institucional que sacudió al Gobierno de Santiago Peña, provocó cuestionamientos al Banco Central del Paraguay (BCP), movilizaciones ciudadanas y una ofensiva política que desembocó en un juicio político y posterior destitución del mandatario.
No obstante, el escenario tiene un antecedente inevitable: La crisis bancaria de los años 90. En aquella época, la caída de varias entidades financieras dejó a miles de personas sin sus ahorros, generó millonarias pérdidas y abrió investigaciones judiciales contra empresarios, directivos y responsables de operaciones financieras irregulares.
Sin embargo, el desenlace de varios de esos expedientes dejó una marca profunda y es que después de años de tramitación, algunas causas prescribieron, otras terminaron con condenas que no quedaron firmes y solamente determinados procesos lograron resoluciones condenatorias definitivas.
Banco General, Bancosur, Banco Desarrollo, Banco Alemán y Banco Oriental registraron procesos judiciales que acabaron extinguidos por prescripción, incluso después de años de litigios y condenas. El antecedente deja una preocupación sobre la capacidad de la Justicia para dar respuestas cuando están en juego los ahorros de miles de ciudadanos y recursos públicos.
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El pasado 2 de noviembre de 2026, el BCP dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
La medida dejó fuera de servicio a una entidad que tenía cerca de tres millones de clientes y manejaba importantes depósitos del sector público, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo monto depositado fue estimado en aproximadamente USD 355 millones.
La crisis no tardó en trasladarse a las calles. Los ahorristas reclamaron la devolución de su dinero, mientras jubilados, trabajadores y ciudadanos comenzaron a exigir explicaciones sobre cómo se permitió que una entidad de semejante dimensión llegara a esa situación.
El caso también abrió una discusión sobre los mecanismos de supervisión bancaria, las operaciones con empresas vinculadas y las decisiones que permitieron el crecimiento de la entidad.
Las denuncias apuntaron a presuntas irregularidades en las operaciones crediticias, la administración de recursos y los controles regulatorios. El Ministerio Público abrió investigaciones penales, entre ellas una que involucra al propio Santiago Peña por presunta lesión de confianza.
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En 1995, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, Paraguay atravesó una de sus primeras grandes crisis bancarias. La intervención de entidades como Bancopar, Banco General, Bancosur y Bipsa dejó a miles de ahorristas desesperados por recuperar su dinero.
La crisis generó una serie de denuncias y procesos judiciales que se prolongaron durante años. Entre los expedientes más emblemáticos aparecen los siguientes:
Banco General: G. 237.000 millones investigados.
Los ex banqueros Gustavo Pérez Samaniego, Thomas Brown Arellano, Albert Friezen Kopp y Óscar Carísimo Netto fueron procesados. El expediente comenzó en abril de 1995 y permaneció durante años en el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, el 3 de octubre de 2011 se declaró la prescripción, después de aproximadamente 16 años de trámite.
Ahorristas del Banco General intentando retirar sus ahorros en abril de 1995, tras la intervención del BCP al Banco Oriental
Bancosur: 263 créditos irregulares.
El expediente investigó operaciones crediticias irregulares. Julio Regis Sanguina recibió una condena de siete años; Alfonso Pérez Dalles y Alberto Cáceres Ferreira, de tres años; y Antonio de la Cruz Ferreira, de dos años. Sin embargo, la Corte declaró la prescripción en 2009 y dejó sin efecto las condenas, según los antecedentes judiciales recopilados.
Banco Desarrollo: G. 130.000 millones de auxilio financiero irregular.
Varios procesados recibieron condenas de entre dos y siete años. No obstante, el expediente permaneció aproximadamente siete años y medio en apelación, con numerosas inhibiciones de camaristas. La causa terminó prescribiendo en 2011 y las condenas no quedaron firmes.
Banco Oriental: G. 135.000 millones de perjuicio atribuido.
Entre los procesados figuraban Wai Fu Chan, Hermes Gómez Ginard, Dionisio Coronel, Ramón Guillén Ortiz y Luis Roque Arnella. La Corte confirmó la extinción de la causa en 2007.
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Banco Nacional de Trabajadores: G. 120.000 millones de perjuicio.
Este expediente tuvo un desenlace diferente. La Corte confirmó las condenas en 2010 contra Edgar Cataldi, Fermín de Alarcón y otros involucrados.
También aparece el caso del Banco Alemán en el que los hermanos José y Jorge Peirano Basso recibieron penas de dos años con suspensión de la ejecución, por lo que no tuvieron que cumplirlas en prisión.
Noticias de la época de los 90 mencionando la crisis tras la intervención del BCP
En los años 90 hubo causas millonarias que terminaron prescribiendo después de más de una década. En el caso ueno, la sociedad observa desde ahora cómo avanzan las investigaciones, quiénes son alcanzados y si las instituciones tendrán la capacidad de llegar hasta el final.
La diferencia entre repetir aquella historia o cerrar definitivamente ese capítulo dependerá, en buena medida, de que esta vez las investigaciones no terminen archivadas por el paso del tiempo.
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