Crisis en la prestación alimentaria

La discusión tomó fuerza tras la difusión de testimonios de mujeres que denunciaron respuestas frecuentes de progenitores morosos, resumidas en expresiones como “con lo que te paso ya alcanza”, pese al constante aumento del costo de vida y de las necesidades básicas de niños y adolescentes.

En nuestro país, la cuota alimentaria se convirtió desde hace años en uno de los principales focos de litigio en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Los expedientes por incumplimiento se multiplican, al igual que los registros de deudores alimentarios. En muchos casos, los obligados desaparecen, trabajan informalmente para evitar embargos o dilatan los procesos mediante incidentes judiciales, generando meses e incluso años de atraso.

La situación es todavía más compleja porque la obligación alimentaria no se limita únicamente al pago de dinero. La legislación paraguaya entiende que los alimentos comprenden vivienda, salud, educación, vestimenta y recreación, elementos cuyo costo se incrementó notablemente en los últimos años. Sin embargo, en la práctica, numerosas madres denuncian que deben afrontar solas la crianza cotidiana mientras el aporte paterno resulta insuficiente o inexistente.

En ese contexto, un reciente fallo judicial volvió a instalar el debate sobre el alcance de la responsabilidad familiar. La resolución habilitó la posibilidad de reclamar subsidiariamente a los abuelos paternos por cuotas alimentarias impagas cuando el padre incumple reiteradamente. La medida busca evitar que los menores queden desprotegidos ante la insolvencia o el abandono del progenitor principal.

Aunque la figura ya estaba prevista en la normativa, el caso generó fuerte repercusión porque refleja una realidad frecuente: Ejecuciones frustradas, padres sin bienes registrables y obligaciones incumplidas durante años. Para algunos sectores, la decisión constituye una herramienta necesaria para garantizar el interés superior del niño; para otros, implica trasladar a terceros una carga que corresponde exclusivamente a los padres.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados discute un proyecto que podría modificar de manera sensible el régimen actual. La iniciativa propone que la obligación alimentaria cese automáticamente cuando el hijo cumpla 18 años, sin necesidad de una sentencia judicial que declare extinguida la prestación.

Los impulsores del proyecto sostienen que la reforma evitará procesos innecesarios y dará mayor seguridad jurídica. Sin embargo, especialistas en derecho de familia advierten que la medida podría afectar a jóvenes que continúan estudiando o que aún dependen económicamente de sus padres para completar su formación.

Entre expedientes acumulados, padres morosos y juzgados saturados, la discusión sobre alimentos dejó de ser únicamente un asunto privado para transformarse en un reflejo de las profundas dificultades económicas, culturales y familiares que atraviesa el Paraguay.