Cuentas claras

La reunión convocada por el ministro puede convertirse en el punto de partida para enfrentar un problema que el Estado paraguayo viene arrastrando desde hace más de una década: la acumulación de obligaciones con sus proveedores que no aparecen reflejadas en las cuentas fiscales cuando se producen. En la reunión se habló de obligaciones no reconocidas que en total superarían los USD 1.280 millones.

La discusión podría reducirse a determinar qué gobierno generó cada obligación. Sería políticamente sencillo, pero probablemente poco útil. Lo intentaron, pero les recordé que nosotros recibimos del gobierno 2013-2018 obligaciones pendientes de registro por más de USD 300 millones. Y se olvidaron de mencionar los gastos rígidos –de más de USD 800 millones– que este gobierno incorporó al presupuesto sin fuente de financiamiento (necesarios pero insostenibles) y que hoy compiten con el MSP y el MOPC por los recursos disponibles, lo que podría explicar buena parte de los atrasos.

Debemos apuntar a tener cuentas claras, diseñar un mecanismo que permita registrar, identificar y transparentar todas las obligaciones asumidas por el Estado, independientemente del momento presupuestario en que terminen siendo pagadas. Saber exactamente cuánto debemos, a quién debemos y en qué concepto. Adoptar el sistema de devengado.

Por otro lado, habría que corregir un desajuste estructural: los contratos plurianuales conviven con un Presupuesto anual, un Plan Financiero anual y un Plan Anual de Contrataciones que no están alineados entre sí. El contrato plurianual es una herramienta legítima y necesaria; habría que perfeccionar su uso y hacerlo más eficiente a la hora de controlar el gasto.

La salud pública es probablemente el ejemplo más evidente. La demanda de medicamentos y prestaciones de salud viene creciendo de manera sostenida, sin que la recaudación la acompañe. La inversión en infraestructura hospitalaria se ha duplicado en los últimos años y hay más hospitales en construcción; hacerlos funcionar adecuadamente será todo un desafío financiero. El impacto de las enfermedades catastróficas, los tratamientos de alto costo y los amparos judiciales obligan al sistema público a proveer terapias más allá de sus ingresos y en forma desordenada.

Y no olvidemos que en infraestructura estamos como 25.000 millones de dólares atrasados en inversión para mejorar la vida de la gente.

Así como se construyeron espacios para consensuar reformas tributarias, reglas fiscales o respuestas extraordinarias frente a crisis, esta administración puede utilizarlos para construir un acuerdo igualmente relevante: transparentar completamente las obligaciones del Estado, establecer reglas uniformes para su registro y diseñar mecanismos que alineen los compromisos plurianuales con la verdadera capacidad fiscal del país y migrar a una regla fiscal más eficiente (regla de oro + ancla de deuda + consejo fiscal independiente), pues la que tenemos que fue muy exitosa nos trajo hasta acá.

El problema fue revelado. Las cuentas fiscales deben reflejar la realidad. Las necesidades existen y el Estado no puede ignorarlas y si yo fuera ellos, revisaría la convergencia para el 2018, equivocarse otra vez sería letal y le dejarían ese compromiso al próximo gobierno.