Deuda estatal con constructoras se mantiene en USD 300 millones

Situación de la deuda estatal

La deuda del Estado con las empresas constructoras se ubicó nuevamente en los USD 300 millones. Esta cifra se mantiene a pesar de los pagos efectuados durante los meses de abril y mayo, según confirmó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke.

Cuestionamientos al sistema de factoraje

El sector empresarial cuestionó la viabilidad del sistema de factoraje presentado como solución para atender los retrasos en los pagos. Según Heisecke, la reglamentación actual resulta inaplicable debido a que las entidades financieras descuentan a las compañías entre un 21 y un 24 por ciento en concepto de intereses al momento de concretar la operación.

Si esta herramienta no se practica, vamos a dejar de cobrar. Tuvimos dos meses donde se levantaron los pagos, pero no nos prometieron seguir con esa rutina. Nos tocaría ver otra herramienta ya que el ciclo ya está a punto de romperse.

Perspectivas sobre soluciones fiscales

Heisecke señaló que la solución no será un aumento de impuestos, ya que eso no implica que el Estado sea más eficiente. Enfatizó la necesidad de mejorar la calidad del gasto público. Asimismo, destacó que Paraguay está entre los últimos lugares en calidad de infraestructura comparado con otros países de la región.

El economista Sergio Sapena vinculó los retrasos en los desembolsos a una estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas para mantener el déficit fiscal en torno al compromiso del 1,5 por ciento. Sapena afirma que la reglamentación de la herramienta es injusta para las empresas y sugirió elevar el tope fiscal.

Posición del sector construcción

Tanto la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) como la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) manifestaron su rechazo a la propuesta de factoring presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas, argumentando que el mecanismo traslada el costo financiero del retraso estatal directamente al sector privado.

El sector señala que las condiciones impuestas hacen que el mecanismo sea inviable de aplicación. Cabe recordar que desde el Gobierno se presentó esta herramienta como una forma de dar liquidez al sector de la construcción y las farmacéuticas, en medio de la crisis generada por la cesación de pagos por parte del Estado.