Deuda pública sin reformas estructurales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer recientemente las estadísticas actualizadas de la deuda pública de Paraguay, correspondientes a agosto de 2026. Según el informe, el endeudamiento público ya alcanzó los USD 22.325 millones. Este monto representa un incremento del 13% o USD 2.593 millones en un año, al comparar con los USD 19.732 millones que se habían reportado en el mismo periodo del año anterior. En términos nominales, el crecimiento se acelera, ya que el año pasado el incremento interanual fue de USD 1.926 millones.

Durante la última década, la deuda pasó de ser una herramienta de financiamiento complementaria a convertirse en el principal mecanismo de financiamiento de las políticas e incluso para pagar deudas anteriores.

La emisión de bonos soberanos y créditos multilaterales ha llevado la relación deuda/PIB a umbrales cercanos al 40%. Si bien este porcentaje sigue siendo comparativamente bajo frente a economías vecinas, lo preocupante no es solo el stock de la deuda, sino su velocidad de acumulación y la capacidad real de repago, la que está ligada a la recaudación tributaria.

Paraguay viene arrastrando un déficit de infraestructura civil crítico, lo que además limita su competitividad. A esto se suman los sistemas de salud y educación históricamente desfinanciados, que restringen la formación de capital humano y perpetúan la baja calidad de vida.

Más recientemente, la vulnerabilidad climática ha emergido como un factor de riesgo macroeconómico ineludible exigiendo cada vez más recursos para mitigar las consecuencias a costa de fondos para la adaptación. Financiar estas áreas no es un lujo, sino un prerrequisito para sostener las tasas de crecimiento económico a largo plazo y garantizar la resiliencia nacional ante el cambio climático.

El centro del problema radica en el lado de los ingresos.

Paraguay cuenta con una presión tributaria que ronda apenas el 11% del PIB, una de las más bajas del mundo para economías de su nivel de desarrollo.

Esta escasez de recursos genuinos del Tesoro significa que el Estado carece de recursos propios para financiar la inversión de capital.

En consecuencia, prácticamente cada kilómetro de ruta asfaltada, cada nuevo hospital y cada proyecto de contención climática se financian con deuda.

Mantener una tributación baja bajo la premisa de atraer inversiones genera una externalidad negativa profunda: se traslada el costo del crecimiento actual a las generaciones futuras, quienes deberán destinar una porción cada vez mayor del presupuesto nacional al servicio de la deuda en lugar de a bienes públicos.

El ritmo de crecimiento de la deuda pública es un mal síntoma para una política fiscal sana. Es insostenible pretender financiar el crecimiento y las demandas sociales de un país de renta media o media-alta, e inversiones climáticas urgentes, con la estructura tributaria de un país de renta baja. Más insostenible es pagar deudas anteriores con más endeudamiento.

La deuda no es perjudicial si financia activos productivos, pero utilizarla sistemáticamente para eludir una reforma tributaria integral y equitativa es altamente riesgoso. La estabilidad macroeconómica, una tasa de inflación por debajo de un dígito y un crecimiento alto aunque volátil no serán suficientes para llevar al país hacia el desarrollo; la actual situación pone límites a los avances del país.

A largo plazo, el país no podrá consolidar su desarrollo ni mantener el grado de inversión si no resuelve la contradicción entre lo que necesita gastar para modernizarse y lo que está dispuesto a recaudar.

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