Diputados solicita informes a la Ande sobre inversiones tecnológicas de alta demanda energética
Se aprobó un proyecto de resolución para evaluar contratos y solicitudes de potencia vinculadas con inteligencia artificial, data centers y otras industrias electrointensivas
Solicitud de información sobre inversiones electrointensivas
A iniciativa del diputado colorado Carlos Núñez, fue aprobado un proyecto de resolución que solicita informes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) sobre solicitudes de potencia, memorandos de entendimiento y contratos firmados con empresas de alta demanda energética, vinculadas con inteligencia artificial, data centers, microchips, criptominería e hidrógeno.
El documento requiere la nómina de personas físicas, jurídicas o consorcios que hayan presentado solicitudes de factibilidad técnica, reserva de potencia o suministro de energía eléctrica destinadas a actividades electrointensivas. La información debe especificar razón social, registro único del contribuyente, rubro de actividad, potencia solicitada, ubicación geográfica (departamento, municipio y subestación receptora), y el estado actual del trámite.
Documentación requerida desde 2020
Se solicita el listado completo de los memorandos de entendimiento, acuerdos de confidencialidad o cartas de intención suscritos desde el año 2020 con empresas o inversionistas de estos sectores, acompañado de copias autenticadas de los respectivos documentos. La información debe indicar su vigencia, los compromisos asumidos por la institución y las condiciones establecidas para la reserva de capacidad en la red.
Planificación energética sostenible
La exposición de motivos destaca que el creciente interés de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a actividades electrointensivas —como centros de procesamiento de datos para inteligencia artificial, minería de criptoactivos, producción de hidrógeno verde, fabricación de semiconductores y otras industrias de alta demanda energética— exige decisiones sustentadas en criterios técnicos, económicos y sociales que garanticen la utilización racional y eficiente de este recurso estratégico.
Según el proyectista, corresponde requerir información oficial que permita evaluar si los compromisos asumidos responden a una planificación energética sostenible y compatible con los objetivos de desarrollo del país. La resolución aprobada establece un plazo de 15 días para que la Ande remita los correspondientes informes.
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