El Congreso votó por el oprobio al mantener su jubilación de privilegio

El artículo 46 de la Constitución Nacional establece que los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos; la Carta Magna manifiesta que en el Paraguay, “no se admiten discriminaciones”, y que el “Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

Sin embargo, nuestros congresistas decidieron interpretar a su particular manera lo que manda la Constitución, y votaron por un sistema de jubilación privilegiada, lo cual no solo resulta abusivo sino es fundamentalmente infame e inmoral.

La tan cuestionada jubilación vip parlamentaria quedó sancionada automáticamente. El proyecto que modifica el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo elimina el aporte estatal, el cual ya estaba eliminado en la ley anterior y de todas maneras recordemos que el Gobierno de Santiago Peña le concedió más de G. 6.000 millones. De todas maneras, los gastos de personal y de administración de la Comisión Administradora de los fondos seguirán siendo cubiertos por el Presupuesto General de la Nación.

La jubilación de privilegio de los parlamentarios es considerablemente más beneficiosa que la que reciben los trabajadores. En cuando a la jubilación extraordinaria la podrán recibir a la edad mínima de 60 años, con el requisito de apenas 10 años de aportes; el monto mensual que percibirá el beneficiario será el 60% del promedio de lo percibido en concepto de dietas y gastos de representación durante los últimos ciento veinte meses de aporte efectivo.

Para la jubilación ordinaria se mantienen los 60 años de edad y 15 años de aportes, con un haber equivalente al 80% del promedio de las dietas y gastos de representación de los últimos 180 meses.

Otro privilegio que mantienen diputados y senadores es la posibilidad del retiro de aportes, el afiliado tiene derecho a solicitar la devolución del 95% de lo contribuido.

La jubilación de privilegio para los parlamentarios es una muestra más de la tremenda desigualdad que caracteriza a nuestro país y es una injusticia, pues mientras quienes representan al pueblo acceden a pensiones de privilegio, una gran mayoría de los trabajadores paraguayos no pueden aspirar a una jubilación.

Como bien sabemos la seguridad social es un sistema de protección a las personas y las familias para que tengan instituciones y mecanismos que los ayuden en caso de vulnerabilidad, enfermedad, enfermedades laborales, maternidad o vejez. Tiene un componente de salud y otro de jubilación. En el Paraguay, los trabajadores y sus empleadores aportan al IPS para atención en salud y jubilación y como es sabido IPS es una entidad en crisis después de tantas décadas de saqueo por parte de seccionaleros colorados, y por eso no hay medicamentos ni insumos ni recursos para pagar mejor a los médicos. En nuestro país también existe la Caja Fiscal, que es el sistema de jubilaciones para el sector público. Este sistema está en crisis y será nuevamente el pueblo paraguayo, –incluso aquellos que nunca recibirán una pensión– el que aporte de sus impuestos para resolver las malas administraciones.

Nuestros representantes, diputados y senadores decidieron no aportar a ninguno de ambos sistemas, sino a uno que les beneficia solo a ellos, demostrando con esto que definitivamente se consideran ciudadanos de primera, y que la igualdad que pregona nuestra Constitución es pura retórica para ellos.

El obrero paraguayo debe aportar de su salario mínimo por 30 años, y esperar a cumplir 60 años para acceder a una jubilación que le permita, tal vez, escapar a la pobreza en la vejez. En cambio los parlamentarios, suman a sus salarios de privilegio, faltar a su lugar de trabajo cuando quieran y no dar cuórum a las sesiones y hasta la posibilidad de ubicar a sus hijos, esposas, amigas y correligionarios en puestos para los cuales muchas veces ni están capacitados, pero recibiendo millonarias remuneraciones.

La jubilación vip de los congresistas es un insulto a un pueblo que costea con polladas la salud pública, pero con sus impuestos debe sostener la pesada carga de las instituciones públicas que tampoco prestan eficientes servicios.

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