El feriado de la ironía: Celebrar la Constitución en una democracia enferma

La Carta Magna fue aprobada en una Convención Nacional Constituyente, tres años después del golpe de Estado que acabó con la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que duró 35 años. El objetivo principal fue blindar al país contra los abusos del autoritarismo y cimentar las bases de la novel democracia, que se plasmó en la nueva Carta Magna, a través de derechos sociales, económicos y políticos. Además, se encontraba en concordancia con el contexto regional, dado que, en la década del 90, se iniciaron reformas constitucionales de los países de América Latina, que también se recuperaban de gobiernos dictatoriales o de crisis políticas y buscaban establecer las nuevas “reglas de juego” para la consolidación democrática.

Actualmente, en Paraguay este ejercicio de memoria institucional, lejos de expresar un balance positivo, invita a un examen crítico sobre la brecha existente entre el plano dogmático de la ley y las prácticas coercitivas del aparato estatal.

El deterioro democrático en Paraguay ya no es una sospecha, es una realidad palpable, donde la separación de los poderes del Estado –condición ineludible del sistema democrático– se ha diluido en beneficio de una sola facción política. Se persigue a las voces disidentes, se expulsa de manera arbitraria a legisladores opositores y se intenta constantemente ahogar a la sociedad civil y a la prensa independiente mediante leyes de tinte autoritario, que además son peligrosamente normalizadas por algunos sectores sociales.

Los datos empíricos internacionales corroboran esta tendencia: En sus recientes reportes, prestigiosos centros de análisis como IDEA Internacional (Suecia) y The Economist Intelligence Unit, hace unos años sitúan a Paraguay bajo la categoría de un “régimen híbrido”, esto es una democracia con un marcado deterioro, donde se realizan elecciones –aunque en condiciones ventajosas para el partido oficialista– pero las libertades civiles están amenazadas y las instituciones debilitadas. Esta erosión institucional impacta de forma directa en los derechos humanos. Es una democracia enferma.

Por tanto, resulta profundamente irónico que el mismo Estado que decreta un día libre en honor a la Carta Magna sea el que, en la práctica diaria, incumpla sus principios más fundamentales. La contradicción es flagrante, se rinde culto al papel mientras se destruyen las instituciones que ese papel debía proteger.

En conclusión, la consagración de este feriado ilustra lo que la teoría denomina como “constitucionalismo semántico” un escenario donde la vigencia de la norma es puramente formal y sirve para legitimar la posición de quienes detentan el poder real. Celebrar la Constitución en un contexto de vulneración generalizada de los derechos humanos no representa un acto de memoria histórica, sino la manifestación de una profunda contradicción ética y jurídica. El verdadero fortalecimiento de la democracia paraguaya requiere la restitución de los límites constitucionales al poder y la garantía real de los derechos de toda la ciudadanía.

(*) Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos.