El kokue: Criminólogo desnuda la mafia detrás de los cursillos policiales
La reciente inhabilitación y posterior reactivación del curso para aspirantes a la Policía Nacional ha destapado una red de intereses ocultos. El caso deja en evidencia que la formación policial se ha convertido en un negocio redondo para unos pocos.
Al respecto, el criminólogo Juan Martens Molas ha puesto bajo la lupa el sistema de formación, reclutamiento y capacitación de la Policía Nacional, revelando un entramado que prioriza el beneficio económico de ciertos sectores y la improvisación política por encima de la seguridad ciudadana y la rigurosidad técnica.
Uno de los puntos más críticos señalados por Martens es la reciente inhabilitación y posterior rehabilitación del curso para postulantes a la Policía.
Según el especialista, existe una verdadera “industria de los cursillos” en el sector privado que presionó fuertemente para lograr la reapertura del curso.
“En este negocio están directamente vinculados comisarios, ex comisarios y profesores del Instituto de Educación Superior (Isepol), con cerca de 20.000 personas presentándose como postulantes y más de la mitad recurre a estos cursillos privados, cuyas cuotas mensuales oscilan entre los G. 400.000 y G. 500.000, llegando incluso a los G. 3.000.000 en la modalidad de internado”, afirmó Martens.
La habilitación de 1.000 cupos funciona, según Martens, como un “oxígeno” para que esta industria siga facturando y ganando dinero a costa de la ilusión de los jóvenes postulantes. “Cerrar significaba matar la esperanza; ahora está regulada, lo que permite seguir vendiendo esperanza a mucha gente”, afirmó.
El especialista en seguridad compartió hallazgos de una investigación de cinco años sobre “Prácticas e identidad policial”, financiada en parte por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Inecip Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar.
La investigación documentó que las actualizaciones y capacitaciones obligatorias para el personal policial se han convertido en un sistema de recaudación de dinero y en una “ficcionalización de la capacitación”.
Refiere que al ser virtuales, carecen de indicadores claros de eficiencia o de control de presencia efectiva. “Hay gente que cobra por poner asistencia y gente que cobra por hacer trabajos prácticos”, denunció Martens, quien indica que en la jerga policial, este esquema es conocido etnográficamente como el kokue (chacra o negocio propio) de algunos comisarios.
Según datos de la investigación, en una sola sede se pueden recaudar más de G. 100 millones por curso, dinero que posteriormente se distribuye a distintas esferas de la institución, sin que esto aporte ningún resultado real a favor de la seguridad pública.
Martens también cuestionó con dureza la implementación de los denominados policías exprés, un programa de formación que califica de improvisado y que responde a una promesa de campaña electoral para aumentar abruptamente el número de agentes.
Protesta. A fines de mayo, los aspirantes se manifestaron frente al Ministerio del Interior.
“Estamos desprofesionalizando a la Policía; en realidad, cuando estamos bajando y reconvirtiendo su sistema de formación”, advirtió Martens.
Vuelta atrás. El Gobierno Nacional resolvió habilitar 1.000 cupos para el proceso de admisión 2027 del Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Saravia para la formación de nuevos suboficiales de la Policía. El hecho se dio como resultado de la mesa de diálogo instalada entre padres de aspirantes, autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Asuntos Políticos.
El comisario Brígido Ojeda había manifestado que la medida de cancelación del cursillo se debía a razones presupuestarias y reorganización del uso de la infraestructura policial. Había dicho que las instalaciones del Colegio de Policía se utilizarán mientras tanto para capacitar a los egresados, alegando que “necesitan actualización”.
Por su parte, el presidente Santiago Peña mencionó que el presupuesto utilizado para la formación se invertiría en infraestructura, afirmando que se redireccionarían los gastos para reparar 700 comisarías que están en mal estado.
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