Hay plata para aumento a funcionarios del Congreso, pero no para los médicos

Durante cinco días los médicos del sector público hicieron una huelga, la ministra de Salud al principio no salió de su despacho y el presidente fue al rally. Tras varios días comenzaron a ocuparse tibiamente del problema, pero sin mostrar la intención de resolver el conflicto.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, ya presentaron renuncias cerca de 500 médicos, mientras en el Congreso Nacional se formó una comisión especial de crisis para el estudio y evaluación de la situación en salud ante la renuncia de médicos especialistas y las dificultades que atraviesa el sistema sanitario.

Mientras esta Comisión de crisis va a estudiar la situación, el médico promedio seguirá ganando G. 5.000.000 por trabajar 12 horas, después de haber estudiado en promedio unos 10 años y el Poder Ejecutivo ya presentó el proyecto de Presupuesto 2027, el cual contempla el pago de deudas a proveedores del Ministerio de Salud y la adquisición de medicamentos, pero omite el reajuste salarial que reclaman los médicos.

Lamentablemente, una vez más estamos siendo testigos de la indiferencia y la incoherencia de las autoridades que gobiernan el país. Porque mientras desde el Ministerio de Economía afirman que no hay plata, el engendro que es el aparato estatal y sus 300 mil funcionarios seguirá derrochando en privilegios y trivialidades.

Por un lado, se pueden mencionar las oficinas o sucursales legislativas en los departamentos, creadas hace más de dos décadas, que crecieron exponencialmente y hoy prácticamente todos los miembros de la Cámara tienen una oficina en la sede central y otra en las sedes departamentales a pesar de que los horarios de “trabajo” no están regulados y las gestiones son las mismas.

Estas oficinas cuentan con funcionarios asignados a la tarea de atender y concertar entrevistas con los diputados y abren de lunes a viernes de 07:00 a 13:00.

Asimismo, el Congreso Nacional lleva adelante dos procesos de contratación con una inversión de G. 401 millones para mejorar las condiciones internas de la sede y contempla hasta G. 200 millones para la provisión de cortinas verticales que permitirán mitigar la incidencia directa de la luz solar y reducir la carga térmica interior de las oficinas; y la otra mitad, G. 201 millones, para el reacondicionamiento de cielorraso y mamparas, y de acuerdo con el dictamen técnico de la Dirección de Recursos Físicos, estos trabajos son necesarios para garantizar “la correcta funcionalidad, seguridad, confort y estética” de los espacios de uso administrativo y parlamentario.

Asimismo, se debe mencionar que los parlamentarios ostentan un seguro privado por USD 6,2 millones en su proyecto presupuestario, además de otros gastos superfluos.

El Presupuesto General de la Nación 2027 contempla G. 39.899.800.000 para servicios de medicina prepaga y de salud del Poder Legislativo, eso equivale a unos USD 6,2 millones, y como informaba ÚH, al desagregar los montos, se observa que algunas partidas incluso registran incrementos respecto al presupuesto vigente.

La Cámara de Diputados destinará G. 19.848 millones, unos USD 3,3 millones, al seguro médico privado, casi G. 948 millones más que lo presupuestado actualmente; en tanto que el Senado proyecta gastar G. 13.350 millones, alrededor de USD 2,2 millones, lo que significa un aumento de G. 441 millones.

Mientras los mismos que, con una comisión pretenden que van a resolver la crisis, pero sin tocar un solo rubro de sus varios privilegios, lujos y gastos innecesarios, la salud pública para el pueblo paraguayo está asfixiada, sin medicamentos ni insumos y con profesionales sobreexigidos y sin una remuneración digna.

No caben dudas, como dijera el doctor Jesús Irrázabal, ex jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Nacional de Itauguá, de que “estamos gobernados por personas insensibles, no son políticos, son mercaderes”.

Una frase adjudicada a varios autores dice: “Si querés que algo no funcione, creá una comisión”. Tratándose de la salud es criminal ignorar la gravedad de esta crisis y demorar la solución de una problemática, porque como ya se ha repetido, “ningún paraguayo debería morir por ser pobre”.