Imputan por homicidio involuntario a los dueños de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, cuyo derrumbe dejó 236 muertos

La justicia dominicana imputó este lunes por homicidio involuntario a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, cuyo derrumbe en abril del año pasado dejó 236 muertos y más de 180 heridos.

La decisión ha estado envuelta de polémica, ya que abogados de familiares de las víctimas pedían procesar a los acusados por homicidio voluntario con dolo eventual, una figura jurídica más grave con penas potencialmente superiores.

El juez Raymundo Mejía, en todo caso, se ciñó a la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó que ambos sean juzgados por homicidio involuntario al considerar que existen pruebas suficientes para debatir su presunta responsabilidad penal en un juicio de fondo.

Las penas por este delito son de un máximo de 2 años de cárcel, mientras las estipuladas para homicidio voluntario con dolo eventual llegarían hasta los 20.

Durante la lectura de su decisión, el magistrado sostuvo que no existe base legal para concluir que los acusados actuaran con la intención de causar la muerte de las víctimas.

La resolución marca el camino a seguir en un caso que mantiene en vilo a República Dominicana desde hace más de un año.

En el juicio —cuya fecha de apertura se anunciará dentro de 15 días— se examinarán las pruebas sobre el deterioro estructural del edificio, el conocimiento que tenían sus propietarios de los problemas del techo y el grado de responsabilidad que les corresponde por la catástrofe.

De cara al proceso, el juez admitió todas las evidencias presentadas por el Ministerio Público —peritajes técnicos, testimonios, documentos y evidencias materiales— así como las pruebas de descargo de la defensa.

También mantuvo las medidas de coerción impuestas a los acusados: una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos (US$850.000) para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.

Además, dispuso la inmovilización de bienes vinculados a los imputados y autorizó medidas conservatorias, como embargos e hipotecas judiciales sobre bienes de los acusados y de varias empresas vinculadas al grupo empresarial de los Espaillat, por hasta 500 millones de pesos dominicanos (US$8,5 millones) para garantizar eventuales indemnizaciones civiles.

"El juez está atado a la Constitución y a la ley", indicó el propio magistrado al defender que el principio de legalidad le impedía acoger la calificación jurídica solicitada por los familiares para los responsables de la mayor tragedia humana de las últimas décadas en República Dominicana.

El juez defendió que los hechos descritos en la investigación apuntan a una posible conducta negligente, pero no permiten sostener que Antonio y Maribel Espaillat actuaran con la intención o la aceptación consciente del resultado mortal que exige la figura del homicidio voluntario con dolo eventual.

"No se puede equiparar una conducta donde un ciudadano realiza disparos a una multitud a un derrumbe de un techo", afirmó el magistrado, al explicar su rechazo a los argumentos de los abogados que promovían esa calificación jurídica.

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Mejía también destacó que Maribel Espaillat se encontraba dentro de la discoteca cuando se produjo el colapso y resultó herida, lo que a su juicio dificulta sostener que los acusados asumieran conscientemente la posibilidad de provocar una tragedia de esa magnitud.

"Ni en esta ocasión ni en las anteriores se puede retener que ellos querían matar a esas personas. No hay forma humana", alegó.

El magistrado insistió en varias ocasiones en que estaba obligado a actuar conforme al principio de legalidad y que la calificación penal de homicidio voluntario no encaja, en su opinión, en la legislación y la jurisprudencia dominicanas.

El fallo provocó un sentimiento generalizado de decepción entre los numerosos familiares de víctimas concentrados en el Palacio de Justicia de Santo Domingo.

El Movimiento Justicia Jet Set, publicó un comunicado en el que "expresa su respeto institucional por las decisiones judiciales, pero entiende como insuficiente el fallo emitido por el tribunal en esta etapa del proceso".

La asociación que reúne a familiares de víctimas y sobrevivientes cuestionó varios de los razonamientos utilizados por el juez para descartar el homicidio voluntario con dolo eventual, y aseguró que persistirá en la "búsqueda de una justicia proporcional, seria y conforme a la magnitud del daño causado".

"Aquí no hay justicia", protestó Luis Custodio, familiar de un fallecido y representante del Movimiento Justicia Jet Set, en declaraciones recogidas por el medio local De Último Minuto.

BBC Mundo habló con Plinio Pina, abogado de varias de las familias afectadas, que cuestionó los argumentos del magistrado.

"El juez dice que no hay dolo eventual. Y nosotros decimos: para usted decir que no hay dolo eventual, usted tenía que analizar la prueba a fondo. Y usted no es el juez que analiza la prueba a fondo. Ese es el trabajo del juez donde usted va a enviar el caso ahora", declaró a BBC Mundo.

Pina afirmó que la batalla jurídica está lejos de haber terminado y adelantó que volverán a plantear la misma tesis durante el juicio.

"A donde nosotros vamos ahora, que es a donde él envió el caso, eso se va a volver a discutir y nosotros vamos a volver a proponer ahí que se trata de un homicidio voluntario", señaló.

El caso se remonta a la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set, uno de los locales nocturnos más conocidos de Santo Domingo, colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez al que asistía aproximadamente medio millar de personas.

La tragedia dejó 236 muertos, entre ellos el propio cantante, y más de 180 heridos.

Las investigaciones posteriores concluyeron que la cubierta del edificio, originalmente construido como cine en la década de 1970, había acumulado durante años sobrecargas derivadas de instalaciones y modificaciones estructurales, además de presentar filtraciones y desprendimientos recurrentes.

El Ministerio Público argumentó que los propietarios del establecimiento conocían las deficiencias del techo y no adoptaron medidas adecuadas para corregirlas, mientras que la defensa alegó que el derrumbe fue consecuencia de fallas ocultas de construcción y del deterioro progresivo de la estructura.

El caso, que conmocionó a República Dominicana, ha generado un intenso debate social sobre las responsabilidades penales de la tragedia.

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