Los números nominales en la recaudación tributaria: más allá de los récords

Contexto de la modernización tributaria

Los aniversarios institucionales suelen destacarse con cifras significativas. La Dirección Nacional de Impuestos Internos (DNIT) resalta USD 1.500 millones adicionales de recaudación desde su creación. Sin embargo, esta cifra surge de sumar diferencias nominales de varios ejercicios y no proporciona claridad sobre cuánto provino realmente de una mejor administración tributaria versus crecimiento económico general.

La Ley 6380, promulgada en 2019, buscaba modernizar el sistema tributario y elevar una presión tributaria que rondaba el 10% del PIB. Su implementación se vio atravesada por la pandemia y una recuperación desigual. A partir de 2023, Paraguay ingresó en un ciclo más favorable, con una economía en expansión que genera naturalmente mayores ingresos por impuestos sin necesariamente mejorar la eficiencia recaudatoria.

Origen de los instrumentos tributarios

Varios de los instrumentos cuyos resultados hoy recoge la DNIT son anteriores a su creación. El Sistema Integrado de Facturación Electrónica en Línea (SIFEN) fue creado en 2017, su plan piloto comenzó en 2018 y la adhesión voluntaria en 2019. Posteriormente vinieron la masificación de la factura electrónica, el sistema e-Kuatia y, ya bajo la DNIT, la integración institucional y la gestión de riesgos. Aunque la mejora en recaudación es observable, no inició en agosto de 2023.

Los límites estructurales de la administración tributaria

Un aspecto central del análisis es que todos estos esfuerzos parecen conducir hacia un techo común. La reforma de 2019 apuntaba a acercar la presión tributaria al 12% del PIB, objetivo que también persiguen los programas posteriores según los reportes de la DNIT. Si múltiples reformas prometen ganancias adicionales, surge la interrogante: ¿cuánto margen real queda?, ¿o la estructura actual ya llegó a su límite?

La experiencia internacional ofrece perspectivas relevantes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) documentó recientemente quince años de reforma en la administración tributaria griega. Ese proceso incluyó autonomía institucional, unidades especializadas, gestión de riesgos, facturación electrónica, cruces de datos, puntos de venta conectados y fiscalización casi en tiempo real. Resultado: la brecha de cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó de 30% a 9%. No obstante, Grecia no se limitó a mejorar la administración; además amplió bases tributarias, redujo exenciones y elevó el IVA del 19% al 24%.

Presión tributaria y demandas sociales

Este detalle reviste importancia para Paraguay, país clasificado como de ingreso medio alto desde 2015. Conforme las economías avanzan, aumentan las demandas por servicios de salud, educación, infraestructura y protección social. Aunque no es un proceso automático, el gasto público tiende a expandirse con el ingreso, generando presión sobre los ingresos fiscales.

Es viable recaudar USD 600 u 800 millones adicionales en algunos años, como señaló el director de la DNIT, Óscar Orué. Con crecimiento real, inflación y un ciclo económico favorable, una porción importante llegará por inercia. Lo relevante es evaluar cuánto aumenta la recaudación respecto del PIB y cuánto de ese incremento proviene de cerrar brechas de cumplimiento versus crecimiento económico nominal.

Más allá de la eficiencia administrativa

Formalizar más sectores de la economía y combatir la evasión siguen siendo tareas indispensables. Sin embargo, estas acciones no reemplazan la discusión sobre bases tributarias, exoneraciones y diseño de los impuestos. El propio FMI advierte que, agotadas las ganancias de eficiencia administrativa, Paraguay deberá revisar sus regímenes tributarios.

Recaudar más no es simplemente sumar millones a una cifra anterior. Es conseguir que el Estado capture de manera sostenible una mayor proporción de una economía que también se expande.

Si la presión tributaria no se incrementa en relación al PIB, los récords nominales pueden repetirse año tras año, pero la restricción estructural de ingresos persistirá, limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y políticas de desarrollo a largo plazo.