Minga Guazú apela a descuentos para intentar salir de la crisis financiera

Con G. 70 millones encontrado en caja, la Municipalidad de Minga Guazú busca oxigenar sus golpeadas finanzas mediante un régimen especial de regularización tributaria que contempla la exoneración del 100% de multas, recargos e intereses moratorios del impuesto inmobiliario, patente profesional y patente de rodados. El intendente César Paredes remitió el proyecto de ordenanza a la Junta Municipal y solicitó su tratamiento sobre tablas, con el objetivo de que los contribuyentes puedan acogerse al beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta no contempla la condonación de las deudas principales. Los contribuyentes deberán pagar íntegramente el capital adeudado, pero quedarán liberados de los accesorios generados por la mora. Según la exposición de motivos, la medida pretende incentivar el pago voluntario, recuperar créditos pendientes y aumentar los ingresos disponibles para sostener los servicios municipales.

Paredes pidió el acompañamiento de la ciudadanía y reconoció que la institución necesita fortalecer su recaudación para recuperar su capacidad de respuesta. “Estamos poniendo orden en la casa y necesitamos fortalecer nuestra Municipalidad para salir cuanto antes a las calles, con trabajos, servicios y respuestas concretas para nuestra gente”, expresó el intendente al anunciar la iniciativa.

El proyecto aparece en medio de una delicada situación económica denunciada por la nueva administración. Al asumir el cargo, Paredes informó que encontró apenas G. 70 millones en caja y una deuda heredada que ronda los G. 25.000 millones, entre compromisos con proveedores, préstamos y salarios atrasados.

Uno de los principales problemas es la falta de recursos para cubrir los gastos corrientes. Según el jefe comunal, la Municipalidad necesita entre G. 1.100 y G. 1.200 millones mensuales para su funcionamiento, mientras que la recaudación no alcanza los G. 1.000 millones. Esta diferencia dificulta el cumplimiento de las obligaciones y limita la posibilidad de ejecutar trabajos y prestar servicios a la población.

A la deuda general se suman los compromisos salariales. Paredes informó que los funcionarios municipales arrastran cuatro meses de haberes pendientes, correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre. Hasta septiembre, la deuda salarial, incluyendo las dietas de los concejales, rondaba los G. 3.000 millones, pero con los compromisos posteriores se acercaría a G. 4.000 millones.

Obligaciones

El intendente también mencionó importantes obligaciones por obras públicas. Entre ellas figura el Paseo del Pionero, que demandó una inversión aproximada de G. 4.200 millones, de los cuales solamente se habrían abonado G. 680 millones, quedando unos G. 3.500 millones pendientes. También señaló una deuda de G. 1.500 millones por trabajos de iluminación en el tramo comprendido entre los kilómetros 26 y 30, ejecutados mediante un convenio con la ANDE.

Otro compromiso corresponde al Banco Continental, al que la Municipalidad adeudaría más de G. 1.800 millones por cuotas pendientes de un préstamo refinanciado. A esto se agregan aproximadamente G. 1.500 millones por obligaciones con la Caja de Jubilaciones, gobernaciones y otros compromisos legales. Según Paredes, las cuentas bancarias municipales están bloqueadas y la institución tampoco puede recibir normalmente transferencias del Gobierno nacional por royalties y Fonacide debido a sus incumplimientos.

La crisis financiera también está acompañada de denuncias sobre el manejo de los recursos durante la administración anterior, encabezada por Diego Ríos. Paredes reveló que las primeras verificaciones detectaron anulaciones de facturas por aproximadamente G. 8.000 millones durante este año.

Ante este panorama, Paredes apuesta a la recuperación de los ingresos tributarios como una de las primeras medidas para enfrentar el déficit. El descuento propuesto busca que los contribuyentes con deudas acumuladas se pongan al día y que la Municipalidad pueda disponer de recursos para atender sus compromisos.

El beneficio todavía depende de la aprobación de la Junta Municipal. Si recibe luz verde, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras tanto, la administración busca recuperar la capacidad financiera de la institución y hacer frente a las millonarias obligaciones heredadas.