Nicaragua aprueba reforma constitucional que rechaza resoluciones internacionales

El Parlamento de Nicaragua aprobó el sábado una propuesta de reforma constitucional que busca desconocer resoluciones internacionales o leyes extranjeras, y que será votada en septiembre junto a otra iniciativa. La medida, aprobada en una sesión especial en la Asamblea Nacional, forma parte de un paquete de reformas que ha generado comentarios en la comunidad internacional.

El miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres que debata acciones relacionadas con políticas del gobierno de Nicaragua.

El sábado, el Congreso, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, aprobó la inclusión de un párrafo en la reforma que señala que Nicaragua "prohíbe, por tanto no permite, extraterritorialidad de las leyes extranjeras", según el texto leído por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.

"Ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estado u organismo internacional que menoscabe y atente contra la independencia, la soberanía, la paz del pueblo y la nación nicaragüense surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional", agrega el documento.

El texto aclara que "solamente" tendrán aplicación los convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense. "Las leyes son nicaragüenses para los nicaragüenses, y no hay ley de fuera que venga a entorpecer y hacer efecto en Nicaragua", señaló Porras antes de la votación.

Analistas estimaron que la decisión de agregar este artículo a la reforma responde a una estrategia para no acatar posibles resoluciones de organismos internacionales.

La OEA ha celebrado en los últimos años diversas sesiones sobre Nicaragua que generaron comunicados, aunque una reunión de cancilleres podría promover diferentes tipos de acciones diplomáticas o económicas.

Tras la votación, Murillo se refirió a los opositores políticos. Varios países y organismos internacionales han expresado posiciones respecto a las políticas electorales del país centroamericano.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa gobiernan con poder absoluto y ejercen fuerte control sobre la sociedad nicaragüense desde después de las protestas de 2018, cuya represión dejó decenas de fallecidos según reportes internacionales y generó emigración hacia otros países.