"Nos estamos quedando sin oxígeno y hay pacientes que pueden morir": la crítica situación de los hospitales en Bolivia a causa de las protestas y bloqueos de carreteras

"Siento impotencia frente a lo que está pasando, no sabemos qué hacer", dice el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea, cuando se cumple un mes del inicio de las protestas y los bloqueos de carreteras en Bolivia, liderados por opositores al gobierno de Rodrigo Paz.

Grupos de manifestantes han bloqueado el acceso a algunas de las principales ciudades del país, provocando escasez de productos básicos como alimentos, combustible y medicamentos.

"Nos estamos quedando sin oxígeno, tenemos pacientes neonatos, pacientes intubados, personas mayores que pueden morir", dijo Larrea en diálogo con BBC Mundo desde La Paz.

El médico aseguró que hasta ahora se han registrado cuatro muertes de pacientes que no alcanzaron a llegar a los hospitales para recibir atención de emergencia.

"Murieron dentro de ambulancias porque no los dejaron pasar a los centros de salud", señaló.

La Defensoría del Pueblo confirmó que una de las víctimas mortales es un niño de 12 años que presentaba un cuadro séptico en el abdomen. "Lastimosamente cuando estaba ya camino hacia Oruro, el niño falleció", dijo Jackeline Alarcón del Río, delegada del organismo en el Departamento de Potosí.

Este jueves cientos de trabajadores de la salud salieron a marchar para pedir a los manifestantes que hagan una "pausa humanitaria" para que se permita el paso de camiones que están varados en las carreteras.

"¡Para los pacientes, oxígeno y comida!", coreaban mientras caminaban por la calle cargando pancartas.

"Tenemos pacientes en terapia intensiva que pueden quedarse sin oxígeno en cualquier momento", advirtió Larrea.

"Con cinco minutos sin oxígeno se produce una muerte cerebral", apuntó.

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Desde los primeros días de mayo, organizaciones de comunidades indígenas, trabajadores, campesinos y transportistas demandan una solución a la crisis económica por la que atraviesa el país y un cambio de timón en el gobierno.

Las protestas reflejan también un profundo descontento con Rodrigo Paz entre aquellos que votaron por el presidente, pero que sienten que en su primer tramo de mandato no está respondiendo a sus demandas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó las protestas como "acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, describió la situación como una "insurrección popular".

Paz asegura que ha intentado promover el diálogo, pero advirtió que está dispuesto a declarar un estado de emergencia para restablecer el orden.

Con apenas seis meses en el poder, el presidente derechista denunció un intento de alterar el orden democrático impulsado por el expresidente socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

Morales niega las acusaciones y señala que el país debería celebrar nuevas elecciones en 90 días.

El Congreso eliminó el martes una norma que exigía al presidente la aprobación parlamentaria para declarar un estado de excepción con el despliegue de militares en las calles y restricción de libertades de reunión y movimiento.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, convocó de manera urgente a las partes en conflicto a instalar un diálogo "sin condiciones" para frenar la escalada de violencia y superar la crisis social marcada por bloqueos, desabastecimiento y escasez de combustible.

"Estamos al borde de un precipicio", afirmó recientemente Callisaya.

Mientras persisten los bloqueos, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana informó que decenas de toneladas de medicinas y oxígeno para hospitales no han podido ser distribuidas por los cortes de rutas.

En medio de un conflicto que sigue recrudeciendo, la escasez de alimentos se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la población.

Muchos de los antiguos partidarios del Movimiento al Socialismo que, con sus votos ayudaron a Paz a ganar la presidencia, afirman que el gobierno ya no los representa.

Poco después de llegar al poder, Paz construyó acuerdos políticos con sectores de derecha en el Congreso y quien fuera su vicepresidente, Edmand Lara, rompió relaciones con el mandatario, transformándose en un férreo opositor.

Lara era considerado como una pieza clave de su éxito electoral y, contrario a las expectativas de sus adherentes, Paz tampoco nombró a miembros de organizaciones indígenas en puestos de alto nivel.

En medio de un ambiente político crispado, el mandatario apoyó un proyecto de ley de reforma agraria que mejoraría el desempeño de la industria agrícola, una señal interpretada por sectores campesinos como una "traición" que los dejaba en riesgo de perder sus tierras.

A esa disputa política, se sumó la polémica eliminación del subsidio a los combustibles. En poco tiempo, se produjo un aumento de precios de hasta 90% y muchos denunciaron que la gasolina que se vendía en el mercado era de muy baja calidad y arruinaba los autos.

Mientras aumentaba la tensión social, el gobierno ofreció la entrega de un aporte económico a las personas de menores ingresos, aumentó el salario mínimo y derogó la polémica ley de reforma agraria, en un intento por calmar la furia de los opositores ante las medidas tomadas por el gobierno.

Día tras día la tensión social se fue acumulando hasta que a principios de mayo comenzaron las protestas -en muchos casos violentas- y los bloqueos de carreteras que persisten hasta la actualidad.

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