Opositora advierte que emergencia vial es cheque en blanco
La senadora opositora Esperanza Martínez criticó duramente el proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional la seguridad vial, aprobado en la sesión de la Cámara Alta, ayer.
Calificó la propuesta como un “discurso conmovedor pero falaz”, que utiliza el dolor de los siniestros viales como excusa para habilitar compras directas y discrecionales en pleno año electoral.
La legisladora lamentó que se pretenda usar las trágicas cifras de muertes y secuelas por accidentes de tránsito para inducir al Congreso a un razonamiento incorrecto. Recordó que la falta de educación vial no es un problema nuevo en Paraguay.
“¿Acaso acortar una licitación de seis a tres meses va a cambiar la cultura de los paraguayos que cruzan en rojo o manejan sin registro? Por favor, pido que se respete nuestra capacidad de razonamiento”, fustigó Martínez, quien insistió en que el problema de fondo no se resolverá flexibilizando los controles de compras estatales.
Para la senadora, el verdadero trasfondo del proyecto se esconde en su artículo 2°, al que calificó como la “pequeña perla” de la ley: la autorización para que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) adopte medidas administrativas excepcionales.
Martínez denunció que esto no es más que una vía libre para saltarse los plazos legales de contratación pública y adquirir tecnología a medida de proveedores preseleccionados.
“Estamos en una economía de guerra y aparece un proyecto para que un funcionario compre tecnología con total discrecionalidad. Estoy casi segura de que los nombres de los proveedores ya están puestos”, advirtió.
Martínez cuestionó directamente la gestión de la ANTSV, exigiendo que la institución rinda cuentas sobre cuál era su plan estratégico para este 2026, cuánto ejecutó en el primer semestre y cuánto presupuesto real destinó a la educación ciudadana antes de pedir superpoderes de compra.
El senador Natalicio Chase señaló al justificar la iniciativa, que la propuesta busca constituirse en una herramienta normativa orientada a combatir los elevados índices de siniestralidad registrados en el sistema vial del país.
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