Óscar Tuma analiza limitaciones del proyecto de divorcio de común acuerdo

El abogado Óscar Tuma compartió sus observaciones sobre el proyecto de divorcio de común acuerdo, indicando que si bien presenta aspectos positivos, tiene limitaciones en su implementación práctica.

Consideraciones sobre los plazos

Según Tuma, el proyecto establece que una persona puede divorciarse de común acuerdo transcurrido un año desde el matrimonio. El abogado precisó que la Ley 5422 vigente no especifica un plazo determinado, mientras que la legislación de 1991 requería tres años.

El ex diputado señaló que el nuevo proyecto obliga a permanecer casado durante un año y, solo después de ese período, presenta la posibilidad de solicitar el divorcio de común acuerdo. Agregó que si una persona decide intentar reanudar la relación algunos meses después y luego opta nuevamente por divorciarse, debe esperar nuevamente un año para presentar otra solicitud.

Ámbito de aplicación

De acuerdo con Tuma, su proyecto vigente como ley permite presentar divorcio de común acuerdo únicamente en casos donde no existan bienes en disputa. Mencionó que cuando hay acuerdo mutuo sin activos en cuestión, la resolución se tramita en aproximadamente diez días.

Aspectos procedimentales

El proyecto actual establece un plazo de tres días para que el juez dicte la disolución matrimonial. También contempla que las personas pueden presentarse ante un juez de paz sin necesidad de patrocinio letrado.

Sobre este punto, Tuma señaló que conforme al código de organización judicial, toda presentación en procesos civiles debe contar con representación de un abogado. Indicó que esta disposición podría contravenirse con la norma vigente. Agregó que la excepción a esta regla ocurre en procesos penales, donde se reconoce la necesidad de medidas urgentes.

Análisis de la reforma

Tuma observó que el proyecto modificado se basó en la legislación de 1991, en lugar de trabajar sobre la Ley 2015, que es la normativa actualmente vigente. Esto explicaría, según su análisis, por qué se redujo el plazo de tres años a uno.

Propuesta de mejora

El ex diputado mencionó un cambio que sí consideraría un avance significativo: separar el proceso de disolución del proceso de divorcio. Actualmente, la legislación requiere obtener la sentencia de disolución para poder divorciarse.

Tuma expresó que permitir obtener una sentencia de divorcio mientras se continúa debatiendo aspectos económicos facilitaría que las personas reanuden sus vidas sin esperar la resolución de cuestiones patrimoniales. Según su perspectiva, vincular la situación económica con la sentimental en un solo proceso no aporta beneficios prácticos.