Resolución de jueza recusada desata conflicto por 900 hectáreas de chía y afecta a indígenas
Una resolución judicial firmada por la jueza civil de Curuguaty Sonia Medina Paredes generó un fuerte conflicto en torno a una finca donde existe un prolongado litigio judicial.
Los denunciantes sostienen que la magistrada emitió la resolución para permitir el ingreso del candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Yasy Cañy, Julio Vera, a un inmueble que nunca ocupó y sobre el cual no ejercía posesión, con el objetivo de intervenir en una producción de aproximadamente 900 hectáreas de chía.
De acuerdo con la denuncia, dicha producción pertenece al productor Luis Ferreira, quien cultiva parte en una propiedad de su dominio y otra parte en una finca arrendada, donde el cultivo ya fue cortado y la cosecha debía iniciarse en los próximos días.
En estas tierras se producen aproximadamente 900 hectáreas de chía.
Los afectados señalan además que el número de finca mencionado en la resolución también comprende un sector ocupado desde hace aproximadamente 30 años por la comunidad indígena Arroyo Mokoĩ, donde viven 45 familias y cuentan con viviendas construidas por ex Senavitat, actualmente Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); una escuela, un colegio y un puesto de salud.
El líder indígena Martín Sosa manifestó que son alrededor de 244 hectáreas de la comunidad que se ven afectadas por la decisión de la jueza, quien ya había sido recusada en dos oportunidades.
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Denunció que varias familias enfrentan dificultades para acceder libremente a sus viviendas, por lo que expresó su preocupación por las consecuencias que podría generar la ejecución de la resolución.
Por su parte, Eduardo Vázquez, representante legal del productor Luis Ferreira, calificó la decisión como una “aberración jurídica”, al sostener que una jueza recusada no puede dictar resoluciones mientras ese incidente no sea resuelto.
Jueza Sonia Medina Paredes.
Anunció que promoverán una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto prevaricato y asociación criminal, asegurando que la magistrada se asocia con un político para quedarse con la cosecha de su cliente y solicitarán la remoción de la jueza.
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Este medio intentó conocer la versión de la jueza Sonia Medina Paredes, quien atendió la llamada telefónica. Sin embargo, prefirió no emitir declaraciones sobre la resolución, al excusarse con que se encontraba de viaje.
En tanto, el candidato Julio Vera no se presentó en el inmueble. En su representación acudió una abogada, quien, según denunciaron los afectados, fue retirada del lugar por integrantes de la comunidad indígena. Mientras tanto, indígenas y trabajadores del establecimiento permanecen en alerta para evitar cualquier intento de ingreso a la propiedad.
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