Se arriesga inversión mientras se protege a criptomineras, advierten

El conflicto desatado entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la firma británica Atome ha puesto sobre la mesa de debate una profunda contradicción en las políticas de inversión y en el manejo estratégico de la energía de nuestro país. El reconocido experto en el área energética, el profesor Victorio Oxilia, advierte sobre la imagen que proyecta el país ante el mundo al arriesgar uno de los proyectos industriales más ambiciosos, mientras las autoridades hacen la vista gorda ante el flagelo de las criptomineras irregulares que roban la energía de todos los paraguayos.

Oxilia sostiene que se deben separar las aguas, dividiendo el complejo litigio en dos escenarios muy distintos, pero que se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, se encuentra el ámbito internacional, donde rige un tratado bilateral de inversiones firmado con el Reino Unido en la década de mil novecientos noventa y que actualmente se encuentra en plena vigencia. Este trascendental acuerdo busca proteger a los inversionistas extranjeros de posibles engaños o de la generación de falsas expectativas que pongan en riesgo sus altos capitales.

Este punto es vital considerando que una empresa de la envergadura de Atome inició un complejo proceso de levantamiento de fondos basándose en promesas de beneficios discursadas por el propio Estado.

El objetivo de la empresa internacional era captar cerca de setecientos millones de dólares. Ante la repentina frustración de estas expectativas, la firma ha emitido un preaviso formal al Estado, una notificación de alerta con tres meses de anticipación antes de llegar a la indeseada instancia de un arbitraje internacional.

Por otro lado, el especialista detalla que existe un segundo escenario ineludible, un ámbito puramente interno y de carácter contractual que no puede ser ignorado. Se trata fundamentalmente de un precontrato firmado entre la referida empresa y la compañía estatal de energía en el 2022. Este documento preliminar incluía cláusulas que reservaban un importante bloque de potencia eléctrica para la compañía extranjera, abarcando entre sesenta y ciento veinte megavatios indispensables para el avance operativo.

En la actualidad, el punto de quiebre radica en la imperiosa necesidad de establecer una adenda o de firmar un nuevo contrato que otorgue a Atome una imprescindible previsibilidad tarifaria por un prolongado periodo de diez años. Esta seguridad financiera y jurídica es algo que, hasta el momento, no se ha logrado concretar en la mesa de negociaciones, lo que ha derivado en la paralización y los severos atrasos de todo el proyecto.

Sin embargo, el punto crítico del análisis del experto no se centra de manera exclusiva en los tecnicismos jurídicos o en los tribunales externos, sino en la “doble moral” con la que se administran los recursos estratégicos de la República. Oxilia cuestiona la excesiva pasividad institucional frente a las operaciones clandestinas que desangran diariamente el sistema eléctrico nacional sin aportar desarrollo alguno.

“¿Cómo es que nosotros no reclamamos las criptomineras irregulares que están dispersas hasta en las casas?”. Esta crucial pregunta desnuda una realidad innegable y alarmante, donde diversas instalaciones de minería operan “escondidas allí y fraudulentas y que están llevando mucho más dinero, mucho más energía que cualquier proyecto Atome”, actuando bajo un manto de oscuridad e impunidad que perjudica profundamente al país.

El contraste expuesto por el catedrático señala las prioridades “totalmente distorsionadas de la gestión estatal”. Mientras se imponen interminables trabas y se sataniza a un fabuloso complejo conformado por cinco industrias conectadas que tiene el enorme potencial de generar directamente entre quinientos y mil empleos calificados, además de dinamizar la economía formal y aportar de manera muy significativa al producto interno bruto, de manera incomprensible se tolera a un sector que consume de manera voraz entre el veinticinco y el treinta por ciento de la energía disponible en el país.

Este enorme sacrificio energético por parte de las minadoras de criptoactivos se realiza sin ofrecer absolutamente ningún retorno social ni puestos laborales para los habitantes de la nación. “Acá somos hipócritas y ciegos y respondemos a intereses posiblemente de intereses propios o de amigos protegidos”, sentenció el académico con evidente decepción, apuntando directamente a la falta de patriotismo para frenar a quienes perjudican al Estado frente a las industrias que traerían progreso genuino.

Victorio Oxilia hace un llamado a la reflexión sobre el verdadero propósito que debería tener la energía limpia que posee la República del Paraguay. Advierte que la visión meramente rentista y recaudadora que parece dominar los pasillos de la empresa estatal choca de frente con la necesidad imperiosa de promover un verdadero desarrollo industrial a gran escala. Para el experto energético, el enfoque actual del debate oficial se encuentra completamente equivocado.

“La discusión no es una cuestión tarifaria”, asegura con total convicción y probada firmeza técnica. Para ilustrar su sólida postura, el profesor Oxilia lanza una reflexión final que debería servir, sin duda alguna, de norte irrenunciable para las políticas públicas venideras: “¿De qué me sirve que vengan a pagarme una fortuna por el kilovatio hora y no genera un solo empleo?”. Afirma que el verdadero éxito y la validez de cualquier política energética no debe medirse por su estricta capacidad de caja, sino por su innegable potencial para erradicar la pobreza creando nuevos puestos de trabajo.