Seguridad jurídica y desarrollo

La Justicia responde a un ideal ético y filosófico que orienta el derecho en la búsqueda de una sociedad más equitativa, como garantía de libertad, igualdad y dignidad, buscando dar a cada uno lo suyo.

Sin embargo, determinar qué corresponde a cada persona no es una cuestión simple. Como señalara Kelsen, la fórmula de dar "lo suyo" resulta vacía si la cuestión no está previamente resuelta. Solo es posible aplicarla mediante un orden social que la costumbre o el legislador establecen como moral positiva u orden jurídico.

Siendo un principio moral, el ideal de justicia no garantiza por sí mismo seguridad. Diversos juristas han reconocido esta distinción: Carnelutti sostuvo que un derecho que no es seguro no es derecho. Radbruch veía en la seguridad el núcleo del derecho; Bobbio la consideraba un elemento intrínseco; Fuller directamente no podía hablar de derecho sin seguridad. Riera Escudero la dispone como presupuesto básico de un sistema jurídico y del desarrollo por su función de garantizar certeza.

La seguridad jurídica no es patrimonio exclusivo de jueces. Es una aspiración que afecta a todo tipo de desempeño estatal. Cuando una persona sabe que terminada su jornada laboral volverá al trabajo en los días hábiles por venir, eso es seguridad. Sin embargo, esta certidumbre se ve afectada cuando decisiones estatales responden a criterios variables e impredecibles.

La estabilidad en las instituciones es fundamental. Aunque se conozca que la Corte Suprema de Justicia responde consultas constitucionales hace décadas, no puede asegurarse si esas respuestas continuarán siendo consistentes con cambios en su composición. De igual forma, aunque existan requisitos legales para proveer al Estado, no puede garantizarse que nuevas leyes no los deroguen o modifiquen.

Este actuar discontinuo impacta directamente en el desarrollo económico. No es posible invertir o proyectar en un país si no existe certeza de que el Estado responderá mañana conforme a lo que promete hoy. El incentivo para la inversión no se agota en indicadores macroeconómicos ni en calificadoras de riesgos. Se trata también de conocer qué acciones tomará el Estado cuando las circunstancias cambien.

La seguridad jurídica está en mejor posición que la Justicia para brindar condiciones al desarrollo. No impone una moral objetiva sobre qué debe ser "lo suyo". Es más modesta en sus pretensiones. Sienta las bases para que las personas sepan y prevean qué les está mandado, prohibido y permitido.

La certeza como motor de desarrollo

Una aspiración de certeza impulsa el desarrollo con la previsibilidad de un derecho que puede conocerse, entenderse, mantenerse y aplicarse, generando confianza legítima en la actuación estatal. El derecho debe ser creíble, no solo justo. Debe ser estable para resolver conflictos sobre justicia, con un razonamiento dogmático que permita su aplicación coherente.

Se mantiene en el tiempo a través del principio de legalidad: mediante leyes anteriores, no retroactivas, escritas, publicadas, claras e inteligibles. Estas características permiten conocer de antemano las consecuencias de su incumplimiento, mediante su aplicación e interpretación en debido proceso, eliminando la incertidumbre y la arbitrariedad.

Los cambios abruptos en decretos, mayorías legislativas y jurisprudencia socavan la construcción de confianza legítima en las instituciones. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenida, planificación a largo plazo ni confianza en el funcionamiento del Estado. Esta estabilidad en el ordenamiento legal representa el verdadero desafío institucional para alcanzar el desarrollo.