Sin cuórum: Diputados no tratan la intervención de municipios ni la interpelación a Baruja

La Cámara de Diputados quedó nuevamente sin cuórum y dejó pendiente el tratamiento de 16 puntos de su orden del día, entre los que destacaban siete pedidos de intervención de municipios, cuyas administraciones tienen serias denuncias de irregularidades.

Uno de ellos es el caso del intendente Hernán Rivas –homónimo de su hijo senador Hernán David Rivas–, intendente de Tomás Romero Pereira, quien busca el rekutu en representación del movimiento oficialista colorado.

En medio de la discusión sobre la cantidad infinita de pedidos de informes que la Cámara posterga o directamente rechaza por el solo hecho de que proviene de la oposición, los diputados fueron dejando vacía la sala de sesiones hasta que no hubo el número mínimo que contempla el reglamento para continuar con la sesión.

No es casualidad que ocurra esto y, si bien el diputado Hugo Meza (bancada B oficialista), quien fungía al momento de llamar la lista como titular de la Cámara, pidió a sus colegas que honren su deber con la ciudadanía, había un acuerdo tácito de la mayoría para no tratar los pedidos de intervención a municipios que llevan la chapa de la ANR y PLRA, en un pacto de impunidad antes de las municipales.

Solamente 28 diputados estaban anotados al momento de pasar lista y, por tanto, se levantó la sesión.

De esta manera toman respiro los municipios cuyas intendencias están en la mira, como el caso del distrito de Tomás Romero Pereira y también el de Ñemby, a cargo de Tomás Olmedo (ANR), cuyos documentos están en el proceso de conformación de comisiones de estudio de la intervención.

Lea más: Diputados postergan por 60 días más los pedidos de intervención a 7 municipios

Además están pendientes la conformación de comisiones de estudios para analizar los pedidos de intervención de las intendencias de Yby Yaú, a cargo de Vidal Argüello (PLRA); el Municipio de Ybyrarobaná, del intendente César Machuca (ANR); Emboscada, administrado por Silvio Peña (PLRA), y el Municipio de Juan León Mallorquín, a cargo de Elvio Coronel (Alianza Mallorquina).

Solo el caso que afecta al intendente de Lima, Juan Manuel Ávalos (Yo Creo), tiene previsto el estudio para prestar acuerdo para la intervención.

También, al dejar sin cuórum, los cartistas se aseguraron de proteger al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, ya que el pedido de interpelación figuraba en el sexto punto del orden del día de la Cámara de Diputados. La oposición impulsa el pedido, pero el hecho de que el cartismo tenga en Baruja a uno de los posibles candidatos a vicepresidente en la chapa que liderará Pedro Alliana en el cartismo, hace esquiva la posibilidad de que el pedido avance.

El cartismo ya habría levantado el pulgar a Baruja como el probable candidato a acompañar como dupla presidencial al candidato presidencial cartista, Pedro Alliana.

Además, la mayoría oficialista considera que, luego de que quedara sin efecto la adjudicación del departamento de Luque al ex senador Javier Chaqueñito Vera, quedó salvada la gestión de Baruja, para quien la oposición lanzó varias críticas por dicho proceso.

Se produjo una acalorada discusión en torno a los pedidos de informes que el oficialismo deniega de manera sistemática a la oposición.

El debate surgió a partir de solicitudes presentadas por distintos diputados del bloque opositor, entre ellas la del diputado liberal Pedro Gómez, quien requirió a la Municipalidad de Luque –a cargo del intendente de la ANR, Carlos Echeverría– un informe a la Cámara sobre los procesos de desafectación y expropiaciones que terminan beneficiando a ocupantes.

Para Gómez, la falta de transparencia en estos procesos daría cuenta de que, en muchos casos, se trataría de verdaderos negocios inmobiliarios dentro de la municipalidad. Su pedido encontró oposición en el diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC).

También Aguilera, quien actuó de vocero del cartismo, se opuso a pedidos de nombramientos del MEC en el Departamento de San Pedro.

La diputada Johanna Ortega instó a su colega y su bancada a que expliquen con base en qué se oponen a brindar informes a la ciudadanía. Invocó la Ley de Libre Acceso a Información Pública para la ciudadanía, que incluso fue promulgado durante el gobierno de Horacio Cartes.

Expresó que le cercenan el derecho a peticionar informes a las instituciones, cuando que es el rol de la Cámara. "¿Todos los proyectos de la oposición se van a rechazar por el simple ejercicio de la mayoría, piko?”, se preguntó la diputada.

A esta queja se sumó el diputado Raúl Benítez, quien cuestionó que el cartismo haya optado por remitir a comisión el pedido de informe destinado a obtener datos sobre las personas que ingresaron al país en el marco del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Benítez señaló que ya suman aproximadamente 45 los pedidos de informes que permanecen sin tratamiento en comisiones en lo que va de las últimas sesiones.

“Ustedes no nos afectan a nosotros, sino que afectan el derecho del ciudadano a tener información pública”, apuntó.

La diputada Rocío Vallejo adelantó que pedirá en Mesa Directiva que se destrabe el tratamiento de todos los proyectos y pedirá información de a cuánto ascienden todos los pedidos congelados en comisiones.